La distancia entre la política argentina y el mundo del trabajo real nunca ha sido tan evidente. Mientras se discuten reformas, se agitan slogans y se prometen “nuevas oportunidades laborales”, nadie parece dispuesto a abordar con sinceridad la verdadera raíz del problema: en nuestro país, dar trabajo se ha convertido en una actividad de alto riesgo.
No hay incentivo, programa ni régimen simplificado que pueda compensar el clima de hostilidad jurídica y sindical que enfrentan quienes se animan a contratar. Y lo peor es que esta realidad, que cualquier pyme o emprendedor conoce en carne propia, sigue siendo deliberadamente ignorada por buena parte del poder político y mediático.
La narrativa dominante sigue señalando al empleador como sospechoso, cuando no como enemigo.
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El discurso está tan contaminado por viejas lógicas de confrontación, que cualquier reclamo por seguridad jurídica es leído como un intento de “precarizar” o “quitar derechos”. Pero ¿qué derecho laboral puede defenderse cuando nadie quiere contratar?
En la práctica, la ecuación es insostenible. Cumplir con todas las obligaciones legales no garantiza protección, sino, muchas veces, lo contrario: quedar más expuesto a ser el blanco de una demanda oportunista, maliciosa o directamente infundada. La “industria del juicio laboral” no es un mito: es una maquinaria que ha perfeccionado el uso de la ley como herramienta de castigo al que arriesga, al que invierte, al que apuesta.
A eso se le suma una red de prácticas sindicales que, en muchos sectores, ya no responde a la defensa colectiva, sino al ejercicio del poder corporativo.
Hay empresarios a los que no les cuesta pagar buenos sueldos, pero sí sobrevivir al chantaje de gremios que operan con lógicas más cercanas a la coacción que a la negociación.
El resultado de este doble bloqueo —judicial y sindical— es claro: menos empleo, más informalidad y un país que le da la espalda a quienes podrían generar trabajo real.
Por eso, si de verdad se quiere transformar el mercado laboral, el primer paso es dejar de hablar solo entre abogados, burócratas y legisladores. Hay que escuchar al que contrata, al que emprende, al que intenta cumplir.
El que abre un negocio, no quiere explotar a nadie: quiere crecer, quiere pagar sueldos, quiere construir algo. Pero necesita que lo dejen hacerlo sin convertir cada contrato laboral en una sentencia diferida.
La Argentina no necesita más parches, necesita un sinceramiento. Un debate que no oculte el fracaso del sistema actual, que desmonte sus privilegios enquistados y que tenga el coraje de devolverle dignidad, también, a quien da trabajo.
Porque mientras contratarlos siga siendo más peligroso que no hacerlo, el empleo será apenas una consigna electoral. Y el desarrollo, una promesa que no llega.
“En un país donde dar trabajo es una amenaza, no una oportunidad, el verdadero desempleo no está en la calle: está en la ley”.
*Emprendedor, abogado, presidente de la Unión de Emprendedores de la RA,Cofundador del Comité de Pymes, Emprendedores y productores (PEP), autor de “Fuerza emprendedora: el sueño de la vida propia”.
