En medio de los brotes de sarampión y de fiebre tifoidea, que preocupan a las autoridades y a la población, el Gobierno llevó a cabo una encuesta interna en torno a la salud pública, que reveló falta de presupuesto y de personal idóneo para llevar adelante la vigilancia epidemiológica en el país.
El estudio que buscaba conocer las fortalezas y debilidades del sistema de salud pública implicó la participación de casi 900 expertos, entre jefes de epidemiología y personal en diferentes provincias y municipalidades. Los resultados fueron publicados por el Ministerio de Salud en el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN).
Fue el 8 de abril de 2024 cuando el Gobierno envió un mail que invitaba a los directores de epidemiología, los referentes de vigilancia epidemiológica clínica y de laboratorios de las provincias a participar de la encuesta, solicitándoles que el al sondeo se hiciera extensivo hacia las instituciones y equipos de trabajo.
Desde la semana 19 a la 26 de 2024 también se publicó un código QR en el BEN que convocaba a participar de la encuesta de 29 preguntas. El se mantuvo disponible durante siete meses, alcanzando un total de 891 registros provenientes de las 24 jurisdicciones del país.
El informe final fue realizado por expertos de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud y el Instituto Malbrán, y en el se busca destacar las principales fortalezas y debilidades encontradas en la "fuerza laboral de vigilancia y salud pública en Argentina".
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Según los resultados, el 65,3% de los encuestados trabaja en el sector público provincial, 20,1% en el sector público municipal y otro 8,8% en el sector público nacional. Por otro lado, se registró una baja participación de trabajadores del ámbito privado.
En cuanto a la ubicación geográfica de los encuestados, 21,8% de las respuestas obtenidas le corresponden a la provincia de Buenos Aires, otro 11,7% a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 10,4%, a Córdoba.
En lo que respecta a la educación y formación del personal, se detectó que 80% de los encuestados cuenta con al menos un título universitario o terciario, junto al 43,8% que cursó estudios de posgrado relacionados con salud pública, vigilancia o epidemiología.
Asimismo, 38% de los encuestados indicó que en su lugar de trabajo no existen cargos específicos para epidemiólogo, lo que se traduce en una falta de estructuración formal.
"La capacitación formal necesita ser complementada con el fortalecimiento y actualización continua de las competencias técnicas a través de programas específicos y sostenidos que respondan a las demandas cambiantes del sector", se indicó en el informe.
El estudio expuso que 67,8% de los encuestados tuvo al menos una capacitación corta anual en salud pública o vigilancia, contra un 20,3% que lo hizo una vez cada dos años y otro 11,9% que no pudo acceder.
Mas allá de las fortalezas detectadas, se advirtió que "los desafíos en la vigilancia epidemiológica persisten" y que "la falta de presupuesto, la escasez de personal calificado y los problemas de motivación son algunos de los principales obstáculos identificados", junto a la infraestructura laboral.
"Resulta crucial implementar estrategias nacionales que fortalezcan las capacidades en vigilancia epidemiológica", sostuvo el documento. Y concluyó que "la promoción de programas de entrenamiento prácticos, como los de epidemiología de campo, y el aprovechamiento de plataformas digitales para la formación continua son pasos fundamentales hacia este objetivo".
AS/ff
