Las políticas de seguridad siguen siendo uno de los mayores desafíos para cualquier gestión, especialmente cuando se trata de menores. La baja de la edad de imputabilidad vuelve a ponerse en el centro de la escena como única respuesta para una problemática mucho más profunda. No hay pruebas que indiquen que la respuesta punitivista sea efectiva en alguna dirección: ni para disminuir el delito ni para evitar su reincidencia.
Por eso, la Provincia de Buenos Aires impulsó el programa Entramados, una iniciativa enfocada en los efectos que genera el deterioro de los indicadores sociales -producto del creciente impacto de la recesión económica- y el ajuste en las políticas del Estado nacional dirigidas a esa población. Una política pública destinada a fortalecer la coordinación entre las políticas provinciales y municipales.
Se trata de un programa interministerial orientado a la construcción de políticas públicas de seguridad desde una perspectiva integral. Multidisciplinario, destinado a niños, niñas adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal con el objeto de promover políticas de prevención y contención del delito y promoción de derechos de niños, niñas y jóvenes.
La idea es desarrollar diferentes estrategias específicas que contribuyan a garantizar el a la salud, educación, trabajo y la restitución de los derechos vulnerados, prestando especial atención a las circunstancias que motivaron la transgresión o potencial comisión de un delito penal. Trabajar en la recomposición de vínculos familiares y sociales para fortalecer a las infancias y juventudes.
De esta manera, se busca cortar las trayectorias delictivas, los círculos de marginalidad, exclusión y delincuencia, a través de la reconstrucción de lazos sociales indispensables para la erradicación de la violencia.
Entramados está dirigido a 5000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de entre 14 y 21 años en conflicto penal y abarca a 51 municipios de toda la provincia de Buenos Aires.
Una política pública de seguridad que incluye acompañamiento psicosocial, propuestas educativas, actividades comunitarias y a derechos, fortaleciendo los vínculos entre el Estado, las familias y las redes locales.
Este programa tiene como antecedente “Involucrados”, una novedosa experiencia de “justicia restaurativa” desarrollada en el municipio de Almirante Brown, a partir de la cual los jóvenes tienen una oportunidad concreta de finalizar sus estudios o ingresar en el mundo laboral alejándose del delito y asumiendo un nuevo proyecto de vida.
Las estadísticas en la delincuencia juvenil
El informe “Posicionamiento de UNICEF sobre Justicia Penal Juvenil” (Argentina) sostiene que la proporción de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal es muy baja en comparación con la población mayor de 18 años. Por ejemplo, sólo el 2% del total de investigaciones penales iniciadas en 2023 por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires corresponde a adolescentes acusados de cometer una infracción. Por otro lado, no hay evidencia que demuestre que la baja de la edad de imputabilidad impacte favorablemente en una mayor seguridad en la población. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud indica que la detención y la institucionalización exponen a niños y a adolescentes a prácticas inadecuadas, a una alimentación, educación y salud inadecuadas, así como a la exposición a severas negligencias y a la violencia sexual, física y emocional. Un estudio realizado en Estados Unidos por la Universidad de Harvard en más de 30 Estados encontró que entre el 70 al 80% de los jóvenes privados de libertad vuelven a reincidir en el delito dentro de los próximos 2 o 3 años, concluyendo que hay una clara evidencia que el encarcelamiento incrementa las posibilidades de reiterancia en el conflicto con la ley penal.
