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Política

La Rioja impulsa la minería local con una nueva ley que prioriza pymes, empleo y perspectiva de género

La Legislatura provincial aprobó la Ley de Desarrollo de Proveedores Mineros y Mano de Obra Riojana. La norma establece un fuerte respaldo a empresas locales, trabajadores residentes y fomenta la inclusión con beneficios fiscales y reglas claras para las contrataciones en proyectos mineros.

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El ministro Federico Bazán y la secretaria Ivanna Guardia celebraron la aprobación de la ley junto a legisladores y representantes del sector minero. | Gobierno de La Rioja

La Cámara de Diputados de la Provincia aprobó el proyecto de Ley para el Desarrollo de Proveedores Mineros y Mano de Obra Riojana. La iniciativa, impulsada por el Bloque Justicialista y trabajada de forma conjunta con el Ministerio de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, tiene como objetivo regular, acompañar y promover el crecimiento de proveedores locales y de la mano de obra riojana en el marco de un modelo de minería sostenible, inclusiva y con una fuerte perspectiva de género.

El ministro de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, Federico Bazán, celebró la sanción de la ley como parte de una política pública que busca consolidar un modelo de desarrollo inclusivo y aseguró que “Esta norma es una expresión concreta del modelo de provincia que defendemos: con desarrollo productivo, inclusión, empleo local y priorizando nuestras pymes". Asimismo, el funcionario provincial destacó que "la misma se diseñó y trabajó con participación de todos los actores, con mucho consenso y transparencia", para luego remarcar que "la ley acompaña a las empresas y trabajadores de La Rioja, pero a su vez ofrece un marco de seguridad jurídica, moderna, a los empresas inversoras. Estamos convencidos que el desarrollo de la minería se llevará a cabo con el desarrollo y participación de las comunidades”.

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Transparencia y accesibilidad

Por su parte, la secretaria de Minería de la Provincia, Ivanna Guardia, valoró el proceso participativo que dio origen a la ley y el impacto que tendrá en el desarrollo local. Al respecto, sostuvo que “la Ley de Proveedores Mineros la venimos trabajando hace tiempo, con la participación activa de las cámaras de productores mineros. Estudiamos legislaciones de otras provincias para construir una mejor versión, con foco en priorizar a las pymes y trabajadores riojanos como mano de obra calificada, y destacando la perspectiva de género”.

Guardia también subrayó la importancia de la transparencia y la accesibilidad como principios fundamentales del nuevo esquema, sobre lo que aseguró que “habrá un registro público al que cualquier persona podrá acceder, lo que garantiza el control ciudadano. Esta ley es un paso concreto hacia una minería que genere empleo genuino, fomente la inclusión y permita el crecimiento económico desde el territorio”.

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“Una ley legitimada por todos los sectores”

La diputada provincial Lourdes Ortiz, integrante del Bloque Justicialista y autora del proyecto, remarcó que la norma fue construida con amplia participación de cámaras empresariales, profesionales, proveedores y representantes del sector. “El objetivo principal es acompañar el desarrollo de proveedores locales y de la mano de obra riojana, regulando las relaciones entre las empresas mineras y quienes les ofrecen bienes, servicios o insumos, con reglas claras y equitativas”, sostuvo.

En detalle

La Ley establece que los proveedores deberán tener domicilio real y fiscal en La Rioja, y contar con al menos un 80% de trabajadores residentes en la Provincia. En el caso de profesionales o técnicos, deberán estar matriculados en los colegios profesionales correspondientes dentro del territorio provincial.

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Asimismo, las empresas mineras deberán contratar al menos un 70% de proveedores y trabajadores locales. Se creará también el Registro Provincial de Proveedores de Empresas Mineras (REPEM), y se implementará un sistema de contratación por “anillos”: primero se priorizará al departamento donde se ubique el proyecto, luego a la región y finalmente al resto de la Provincia.

La Ley también contempla incentivos fiscales y financieros para aquellas empresas que, además de cumplir con estas disposiciones, promuevan una mayor participación femenina (más del 20%) o la inclusión de jóvenes de entre 18 y 29 años.