En diversas publicaciones sostuve que existe una pauta cultural del rechazo al conocimiento en la sociedad argentina. Ya en la época colonial la monarquía española rechazó la propuesta de Manuel Belgrano de enseñar matemáticas en la Escuela Náutica que creó en 1799. La respuesta fue que los nativos tenían que aprender los aspectos artesanales de la construcción de barcos y no los aspectos científicos. Recién después de 1852 se instalaron cursos de matemáticas en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Córdoba. Hacía 2.400 años que los griegos habían creado las primeras escuelas de matemáticas que luego desarrollaron los indios, los chinos, los árabes y los europeos. Pero otra vez, en 1978, la Dictadura Militar prohibió la enseñanza de las matemáticas modernas por considerarlas subversivas.
El tango Cambalache denuncia desde 1934 que “todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor”. En una sociedad de inmigrantes mayormente europeos, y con un alto índice de alfabetización, parecía que el conocimiento no tenía la valorización adecuada. Lo mismo sucede en la actualidad (2025) con el gobierno de Milei: las universidades y el sistema científico fueron descalificados como productores de conocimiento. Una actitud que comparte con Donald Trump, quien en EE.UU. ha puesto al sistema científico y de la salud bajo sospecha. También ambos niegan el calentamiento global.
¿Cuál es el capital intelectual que está amenazado en Argentina? El sistema universitario nacional comprendía hacia 2022: 65 universidades, 2.714.277 estudiantes, 213.658 profesores, 90.397 investigadores, y más de seiscientos programas de vinculaciones científicas y tecnológicas con organismos públicos, empresas y organizaciones sociales. Además, en los hospitales universitarios se atienden más de un millón de personas por año.
Es verdad que las universidades públicas están muchas veces controladas por agrupaciones políticas y que los gremios tienen mucha influencia en la gestión. Curiosamente, la atomización del sistema universitario público en nombre de la autonomía creó una especie de feudalización corporativa y política muy parecida a una privatización de las instituciones. Para combatir esto podría haber sido necesaria una “re-nacionalización de las universidades nacionales”, pero el gobierno de Milei prefirió congelar los presupuestos y los salarios de profesores y empleados. Con lo cual se ahorran recursos, pero manteniendo la atomización y restringiendo las funciones sociales de las universidades.
En las últimas cinco décadas hemos vivido en Argentina distintas crisis que también afectaron a las universidades públicas y al sistema científico. La novedad dramática de este momento es que ahora, con el gobierno de Milei, nos enfrentamos a un proyecto que niega las políticas de Estado, el financiamiento del sistema de Educación Superior y las funciones sociales de las universidades e institutos de investigación. En la Era de la Sociedad del Conocimiento esto resulta retrógrado y suicida.
Se han intentado innovaciones para mejorar las universidades en todo el país. Y en muchos casos hemos podido observar resultados muy notables. Se multiplicaron los programas de vinculación tecnológica ofreciendo asistencia y consultorías a todo tipo de organizaciones. Se expandieron los estudios de posgrados y los proyectos de investigación. Los ingresos por servicios a terceros crecieron hasta cerca de US$ 200 millones por año. Pero se reprodujeron en todos los gobiernos los bajos índices de graduación: el 80% de los ingresantes no se gradúa o lo hace con 4-5 años de retraso.
Podemos criticar que no exista una estrategia común en el sistema universitario público, o que no existan mecanismos efectivos de control del gasto universitario. Pero lo cierto es que, como lo señalara un especialista como Philip Altbach, resulta sorprendente que con tan pocos recursos las universidades argentinas hayan logrado en América Latina formar profesionales de calidad y producir conocimientos científicos relevantes. Con docentes que en promedio ganan US$ 350, muy por debajo de los salarios de profesores de Universidades Federales de Brasil que ganan más de US$ 3 mil por mes. Hay cerca de 20 mil docentes ad honorem y solo el 10% tiene remuneraciones de dedicación exclusiva arriba de mil dólares por mes.
Estado: olvidado. El discurso de Javier Milei justifica la “barbarie” de manera muy simple: negando la pertinencia del Estado en todos niveles. El Estado es un robo y la justicia social es una mentira, repite Milei. Pero, aparte del exabrupto lo que debemos analizar es la tremenda ignorancia de la función que cumple la intervención del Estado en la construcción de sociedades modernas, en la formación de recursos humanos calificados, en los progresos científicos y tecnológicos.
Sin duda, correspondería descalificar académicamente a un graduado universitario y dirigente político que no sabe cuál es la función del Estado. Inclusive, y sobre todo, en gobiernos liberales, cuya ideología reivindica Milei. En Argentina los creadores de la instrucción pública y del monopolio del Estado en la universidad fueron los liberales. En Europa, las élites liberales de Inglaterra y Francia abrieron el camino hacia la modernidad a través del conocimiento con fuerte intervención del Estado. También podemos destacar que en EE.UU., con gobiernos liberales de distinto, el progreso tecnológico y la política científica fueron promovidas por el Estado durante los últimos cien años.
El problema no es ideológico, como cree Milei. Corresponde a las condiciones de desarrollo de la sociedad moderna con el liderazgo estratégico del Estado y la creación de políticas públicas. Por supuesto, esto no significa que el “estatismo” sea la panacea. La función del Estado corresponde a condiciones sociológicas y económicas que son indisociables del desarrollo. Por esta razón, ningún economista, politicólogo o sociólogo podría negar la función histórica del Estado. Lo que no significa ignorar la capacidad innovadora de las empresas y de las comunidades científicas. Tampoco podemos ignorar los efectos perversos del “estatismo” en sus diversas manifestaciones.
Lo que ahora aparece con la política del gobierno de Milei es una gran ignorancia e irresponsabilidad frente a los recursos universitarios, científicos y culturales. A esto correspondería designarlo como “barbarie”, o sea, el retorno a negaciones primitivas de mecanismos regulatorios de la vida social. A esto lo quieren denominar “anarco-liberalismo”. Pero este “negacionismo” ni siquiera puede tener rango de “teoría”, porque parte de afirmaciones dogmáticas sin asidero en el proceso histórico. El anarco-liberalismo aparece en esta era global como una reacción nihilista, ante la incapacidad para crear un modelo de desarrollo mundial inteligente y solidario. Pero también se asocia con una nueva cultura autoritaria liderada por el presidente de los Estados Unidos, Rusia y otros países.
Frente a este desafío deberíamos ante todo revalorizar las funciones sociales, económicas, científicas y tecnológicas de las universidades y del sistema científico. Para ello necesitamos sostener “políticas de conocimiento” asociadas con “políticas de desarrollo sustentables”. O sea, debemos repensar las funciones academicistas y credencialistas tradicionales para crear instituciones productivas, creativas, socializadoras, emprendedoras. ¿Qué pueden hacer las universidades argentinas frente al negacionismo seudo-liberal?
*Profesor del Doctorado en Política y Gestión Universitaria de la Untref y de la Maestría en Gestión Universitaria de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
