Después de la orden de denunciar, impartida por Cardozo el 7 de junio, se adoptó también otra medida. Enviaron al Neonatal a la médica Marcela Yanover, jefa de Maternidad e Infancia del Ministerio; y a la jefa de Enfermería de la cartera, Genoveva Avila. Entrevistaron al personal y al cabo de 20 días, es decir el 28 de junio, ya tenían un informe completo que tuvo la siguiente conclusión.
“De lo expuesto se ha podido obtener una primera conclusión, sin perjuicio de las que surjan del desarrollo de la investigación istrativa.
1) Los mecanismos por los cuales los pacientes fallecidos y/o tuvieron que ser internados en UTIN (terapia intensiva neonatal) son diversos, no pudiendo identificarse un mecanismo único que desencadenó los cuadros, pero sí elementos en común: inexistencia de relación del diagnóstico con las características de la madre y el recién nacido (sic).
2) De acuerdo a profesionales que estuvieron afectados a los días en que sucedieron los eventos adversos, si bien se infiere la presencia de una agente en particular que coincide con todas las fechas, no obran al momento de la presente, otros elementos”.
El mismo informe fue encontrado en la computadora de la jefa de Neonatología del hospital, Marta Gómez Flores. Pero tenía al margen un agregado sobre el punto 2 que decía: “Definir si se informa el nombre, de lo contrario redireccionamos este párrafo”.
A esa altura un grupo de trabajadores del hospital había sido licenciado. Entre ellos estaba la enfermera Brenda Agüero. Desde que se adoptó esa medida –que el propio Cardozo reivindicó en la respuesta que dio a este medio– cesaron los hechos. Todos volvieron a trabajar, menos ella.
El informe fue incorporado textualmente al borrador de denuncia que elaboró la abogada Mariana Figueroa del equipo de Legales del Ministerio de Salud. Estuvo listo el 28 de junio del 2022, fecha en la que se inició formalmente la investigación istrativa. Es la denuncia penal que no se presentó.
En el juicio, Figueroa contó que ese mismo día le pasó el documento por WhatsApp al secretario de Salud, Carvajal, y al abogado del Neonatal, Escudero Salama.
“Formula denuncia penal” era el encabezado. A continuación, quien suscribió la denuncia fue la directora del hospital, Liliana Asís.
Como cualquier denuncia penal, comenzaba a describir los “hechos”. Informaba una serie de “inconsistencias en la evolución de pacientes neonatales”. Definía la línea de tiempo, los días en que ocurrieron cada uno de los 13 eventos, las características de las madres y sus hijos, adjuntaba fotos de los niños en terapia intensiva, de lesiones cutáneas, narraba la secuencia de sospechas que fueron descartando como efectos adversos de la vitamina K, picaduras de insectos, efectos de la vacuna contra el Covid y por qué se habían desechado esas hipótesis.
Un punto señalaba lo siguiente: “Lesiones intencionales: en investigación”. Ahí estaba la sospecha principal de las autoridades. Descartadas razones médicas que explicaran las muertes y el resto de las hipótesis descritas, el pensamiento se volcó hacia intencionalidad, criminalidad.
Ese documento -incorporado como prueba- no llegó a tribunales. Recién el 4 de julio una persona externa, vinculada indirectamente al Neonatal, fue a denunciar que había muertes sospechosas en el hospital. Fue el ingeniero Francisco Luperi, esposo de una médica del hospital.
El exsecretario de Salud Pablo Carvajal dijo que el contenido del informe lo llevó a la Fiscalía, pero eso ocurrió después, cuando el fiscal de Instrucción ya había puesto en marcha la investigación.
