El martes pasado, 3 de junio, comenzó en la Cámara 5ª del Crimen el juicio en contra de Ezequiel Alejandro Pereyra (31), un naranjita que cuidaba coches en el Cerro de las Rosas. El debate se centra en la conducta del hombre, pero también saca a la luz los acuerdos privados entre cuidacoches, los cobros por montos en negro y sin el ticket donde figure el precio y el tiempo de estacionamiento. En última instancia, deja la incógnita si la Municipalidad releva la actividad de las cooperativas y las controla.
Según la acusación, el 17 de mayo del año pasado, a las 20:30, en calle Tejeda al 4.500, Pereyra exigió un pago por estacionar en la calle a una mujer que no se bajó de su automóvil porque esperaba a su hijo a la salida del trabajo. La amenazó, se produjo un altercado, al percatarse de la situación, el hijo llamó a la policía que acudió y finalmente el naranjita intentó robar el celular del muchacho y se llevó el de la mujer. Pereyra es enjuiciado por los delitos de extorsión, robo en grado de tentativa y robo.
Quien investigó el hecho, la fiscal Lourdes Quagliatti, ponderó que el acusado salió de la cárcel en enero del 2022 tras cumplir condena por delitos contra la propiedad y desde entonces copó la zona mencionada. Al declarar en el primer día del juicio, Pereyra disintió con la acusación y dijo que el episodio no ocurrió tal como lo habían expuesto.
El debate es conducido en sala unipersonal por el camarista Cristian Griffi. El fiscal que sostiene la acusación es Marcelo Fenoll, quien ofreció al acusado la posibilidad de un acuerdo, confesión y juicio abreviado, pero éste la descartó. Lo asiste el defensor público Eduardo Caeiro.
Como se sabe, la Municipalidad concedió, a través de convenios con cooperativas de naranjitas, la posibilidad de cobrar por el uso del estacionamiento en algunas calles. La Tejeda efectivamente tiene señalética en tal sentido.
En este caso, Pereyra no era parte de ninguna cooperativa, sino que pagaba un canon o regalía para cuidar autos tres días de la semana, jornada completa. A su vez, en ocasiones delegaba la tarea a su hermano y su cuñada a quienes les cobraba el 50% de la recaudación.
En diálogo con Perfil Córdoba, el fiscal Fenoll calificó como “grave la naturalización del fenómeno, ya que el acusado no interpreta su conducta como delito”.
La calificación por la cual es juzgado tiene una pena privativa de la libertad que parte de los tres años y cuatro meses de cárcel, es decir que es de cumplimiento efectivo.
Fenoll también consideró que este juicio puede sentar precedente sobre “la entidad extorsiva que tienen estos despliegues bajo la falsa imagen de un servicio, en modalidades que exceden la mendicidad encubierta, cuyos límites (pago a voluntad no tarifado), están dados por el Código de Convivencia de la Provincia de Córdoba”.
Agregó que también es necesario contar con el compromiso de la Municipalidad de Córdoba y de la Policía para intervenir cuando suceden situaciones como las juzgadas en este proceso y “trabajar en la prevención y disuasión en terreno”. El juicio continuará el próximo martes 10 de junio.
