En una reunión que pretendía dar respuesta a las inquietudes por la desfinanciación en políticas de discapacidad, Diego Spagnuolo —director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)— protagonizó un episodio tan insólito como preocupante: cuestionó directamente los beneficios de transporte que tienen las personas con discapacidad y confrontó, sin filtro, a un niño con autismo.
El hecho ocurrió durante un encuentro con Marlene, madre de Ian Moche, joven activista con autismo reconocido por su tarea de concientización. Marlene denunció públicamente que Spagnuolo le dijo: "Si vos tuviste un hijo con discapacidad, ese es problema de la familia, no del Estado". Y no se detuvo ahí. También lanzó otra frase que generó indignación: "¿Por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no?".
Ian, de apenas 12 años, no se quedó callado. Durante su participación en el programa radial Circo Freak, expresó con claridad: "Nos costó mucho lograr esos derechos. Que diga que no son adquiridos es faltarle el respeto a toda la lucha". También manifestó su deseo de hablar con el presidente Javier Milei para contarle cómo vive una persona con discapacidad en un país que parece haber dejado de escuchar.
El caso generó un fuerte repudio en redes sociales y entre organizaciones que trabajan por los derechos de personas con discapacidad, al considerar que los dichos del funcionario representan un retroceso grave en materia de sensibilidad institucional.
Antecedentes: un documento con insultos y conceptos arcaicos
La indignación por los dichos de Spagnuolo no es nueva. Su llegada a la ANDIS fue cuestionada desde el primer día. Sin antecedentes en la temática, asumió el cargo por su rol como abogado personal del presidente. Pero en lugar de promover una política inclusiva, firmó recientemente un documento oficial en el que se utilizaron términos como "idiotas", "imbéciles" y "débiles mentales", expresiones vetustas y ofensivas descartadas desde hace décadas por la comunidad médica y los tratados internacionales de derechos humanos.
Aunque intentó justificarlo señalando que "otro funcionario había redactado el texto", no asumió responsabilidad por el contenido, ni pidió disculpas públicas.
En paralelo, las asociaciones de personas con discapacidad denuncian que, bajo su conducción, se profundizaron los recortes presupuestarios, se multiplicaron las auditorías punitivas y se trabaron mecanismos de reintegro que impiden acceder a tratamientos básicos.
DCQ / Gi
