Elisa "Lilita" Carrió, líder de la Coalición Cívica (CC), volvió a criticar al ministro de Salud, Mario Lugones, y presentó una ampliación de la denuncia que ya había iniciado, esta vez ante la Justicia. Se refiere al conflicto reciente por los reclamos salariales y presupuestarios del Hospital Garrahan, donde los trabajadores realizan medidas de fuerza que la diputada calificó como ‘un crimen moral’.
Siendo octubre de 2024, el fiscal Guillermo Marijuan ya había imputado al funcionario por abuso de autoridad y por incumplimiento de deberes públicos. Esto ocurrió luego de que el ministro decidiera remover en forma completa al Consejo Directivo del hospital, una medida que generó gran polémica y rechazo en el sector.
A través de su cuenta personal en X, Carrió difundió el texto completo del documento. En él, se detalla que los hechos denunciados podrían estar encuadrados en delitos contemplados en los artículos 248 y 106 del Código Penal, que incluyen la violación de deberes de los funcionarios y el abandono de persona.
En sus palabras, esto constituye “un crimen moral sustentado en un ajuste cruel a costa de los más vulnerables”, y advirtió que el Estado tiene la obligación constitucional de proteger los derechos humanos de quienes dependen de esa institución. A su vez, el fiscal Marijuan aceptó la denuncia original y solicitó varias medidas para avanzar en la investigación.
Algunas de ellas incluyen la solicitud de un informe detallado, en un plazo de cinco días, sobre el organigrama completo del hospital, con la descripción de cargos y funciones de sus autoridades. También pidieron información sobre la composición del Consejo de istración antes y después de la remoción, además de copias de las resoluciones relacionadas con el bono otorgado en octubre del año pasado, que generó polémica.
El documento, que también lleva las firmas de la diputada Marcela Campagnoli y del legislador porteño Hernán Reyes, acusa al ministro de implementar políticas contrarias a la normativa vigente, con el único fin de reducir costos. Según el texto, el funcionario actúa como un simple gestor istrativo, priorizando los recortes económicos por encima de la salud de los pacientes, lo que representa una violación de principios éticos y constitucionales.
Además, entre las pruebas solicitadas se encuentran:
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Una inspección judicial para constatar las condiciones actuales del hospital.
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La toma de testimonios de pacientes, familiares y trabajadores.
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El secuestro de documentos relevantes.
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La entrega de resoluciones adoptadas por el Consejo de istración sobre tratamientos y reclamos gremiales.
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La designación de un interventor judicial que garantice el funcionamiento normal del hospital.
Carrió finalizó su mensaje con una pregunta directa: “¿Cómo se puede confiar en un ministro que no actúa ante las necesidades de los pacientes? ¿Cómo se cumple con el mandato cuando cientos de niños luchan por su vida?”.
Sin acuerdo en el Garrahan
Al encender velas frente al Obelisco en una protesta simbólica por mejores salarios y condiciones laborales, los profesionales residentes del Hospital Garrahan volvieron a reunirse este martes 3 de junio, a las 13 horas, en una asamblea general que convocó “a todo el hospital”. El objetivo central fue definir cómo seguir con las medidas de fuerza, en reclamo de una recomposición salarial que alcance a todos los sectores del personal.
La convocatoria fue impulsada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), que ya había confirmado la continuidad del plan de lucha. A partir de allí, anunciaron que el próximo jueves 5 de junio realizarán una nueva movilización, ante lo que consideran una falta total de respuesta por parte del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, y de la Secretaría de Trabajo.
Más temprano, desde la asociación habían enviado una nota dirigida a esa secretaría, que depende del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, en la que advirtieron sobre la “falta de imparcialidad” e “incumplimiento en el procedimiento de conciliación obligatoria”. “No tuvimos ningún aviso de reunión ni propuesta para llegar a un acuerdo que incluya a todo el personal: de planta, becarios, residentes y contratados”, había expresado Norma Lezana, secretaria general de APyT, en diálogo con PERFIL.
El malestar creció aún más luego de que el oficialismo presentara una oferta unilateral, que consistía en un bono no remunerativo destinado exclusivamente a residentes, con el objetivo de alcanzar un salario de $1.300.000. Sin embargo, la propuesta fue rechazada de forma contundente por considerarla no solo insuficiente, sino también discriminatoria respecto del resto del personal.
Por eso, la asamblea de este martes buscó avanzar en una estrategia común, frente a lo que consideran una falta de respuestas por parte del gobierno nacional. En especial, cuestionaron a la gestión del ministro de Salud y a la Secretaría de Trabajo, a quienes acusan de no cumplir con la convocatoria a audiencia que establece la conciliación obligatoria.
Ahora, la expectativa está puesta en la convocatoria prevista para este jueves al mediodía, luego de que ATE intimara a la Secretaría de Trabajo para que fije una nueva audiencia.
MVS
