La Iglesia llamó al Gobierno a rever el ajuste en discapacidad. En un duro comunicado, la Conferencia Episcopal Argentina expresó este viernes su “sorpresa” al constatar el “desconocimiento y desinterés hacia la realidad de la discapacidad” de la gestión de Javier Milei.
La Iglesia además subrayó que las políticas públicas de discapacidad deben ser una “prioridad ineludible” del Ejecutivo. El comunicado se enmarca en el reclamo de las personas con discapacidad y profesionales que este miércoles marcharon al Congreso para que se declare la emergencia en el área.
“Nos sorprende constatar el desconocimiento y desinterés hacia la realidad de la discapacidad, la cual debería ser una prioridad ineludible de toda política pública”, expresó la Conferencia Episcopal. “Llamamos a la reflexión a quienes, desde el ámbito del Gobierno Nacional, deben apoyar con los recursos necesarios para que el área de Discapacidad pueda cumplir con responsabilidad y eficacia su tarea”, agregó.
Discapacidad en primera persona
“El cuidado de las personas con discapacidad no puede ser postergado ni subordinado a otras urgencias: es un deber ético, una exigencia de justicia y un acto de humanidad”, remarcaron las autoridades episcopales.
“El a servicios esenciales como la salud, la rehabilitación, la educación, el acompañamiento profesional y los apoyos necesarios para la vida cotidiana de las personas con discapacidad, se han vuelto inciertos y limitados. El esfuerzo cotidiano de las familias que los acompañan muchas veces se realiza en soledad, sin el reconocimiento suficiente de la sociedad ni el apoyo adecuado del Estado”, sostuvieron los sacerdotes.
“Esta realidad no es una cifra estadística: tiene nombres, rostros, historias; son niños, jóvenes y adultos que ven cercenadas sus posibilidades de desarrollo, participación e inclusión plena”, indicó el comunicado.
El documento fue firmado por el cardenal Ángel Rossi SJ y los monseñores Marcelo Colombo, César Fernández y Raúl Pizarro.
Los reclamos de las personas con discapacidad
El planteo de la Iglesia se encuentra en sintonía con el reclamo de las personas con discapacidad que denuncian quita compulsiva de pensiones, cierre de centros de día y el congelamiento del salario de los prestadores de servicios para discapacidad. Los prestadores contemplan profesionales que desarrollan tareas de salud y educación, como acompañantes terapéuticos y pedagógicos, y también a los transportistas. Estos trabajadores reciben un pago de acuerdo a un nomenclador que fija el Gobierno y las obras sociales, que permanece congelado desde el año pasado.
En un contexto de aumento de precarización de la existencia, esos son algunos de los puntos por los que las personas con discapacidad reclaman una Ley de Emergencia en Discapacidad, que ya obtuvo dictamen en Diputados.
El desempleo alcanza al 86% de las personas con discapacidad
Sin embargo, el oficialismo rechaza la aprobación de esa ley y evita cualquier signo de sensibilidad. En esa línea el titular de Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) , Diego Spagnuolo, declaró sobre un niño con autismo: “¿Por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no?”.
Además, ante la demanda de actualización de las prestaciones, que ya acumulan varios meses, el ANDIS manifestó en abril “su enérgico rechazo” al proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad que obtuvo medio dictamen. “Lejos de plantear soluciones sostenibles, esta propuesta multiplica promesas sin una sola mención a cómo se financiarían. Ampliar masivamente el alcance de pensiones o el valor de las prestaciones, sin indicar de dónde saldrán los recursos, es irresponsable”, sostuvo el organismo.
LM
