Este jueves se realizó una movilización nacional en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, en reclamo contra los recortes presupuestarios, la falta de actualización de aranceles y la creciente precarización del sistema de atención.
Según explicó en "Soy casta" la periodista Verónica González, especializada en temas de discapacidad, “Lo llamativo fue que no hubo operativo de seguridad. Se reclamó, entre otras cosas, por la actualización de los montos que perciben quienes trabajan en talleres protegidos, que hoy cobran apenas $28.000 por mes. Es una cifra irrisoria para alguien que necesita cobertura en salud, educación y transporte”, expresó.
El objetivo de la masiva movilización es lograr que el Congreso declare la Emergencia Nacional en Discapacidad el próximo 4 de junio. González explicó que la Oficina Nacional de Presupuesto hizo una estimación para conocer cuánto dinero público implicaría la aprobación de la ley que la declarase. Mencionó que representaría un 0,03% del PBI. Si se otorgaran nuevas pensiones no contributivas, frenadas por el gobierno nacional, ese monto sería de 0,04% del PBI.
Convocada por organizaciones del sector, prestadores, instituciones, familias y personas con discapacidad, la marcha principal tuvo lugar frente al Congreso de la Nación, aunque también se replicó en distintos puntos del país como Mendoza, Córdoba, Río Negro, Misiones, Santa Fe y Entre Ríos.
Según explicó González en la mesa del programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 19, los talleres protegidos de producción son espacios de inclusión laboral para personas con discapacidad, creados para integrar a quienes son históricamente excluidos del mercado laboral tradicional. Estos trabajadores reciben una parte del ingreso por parte del taller y otra por medio del Estado. El subsidio estatal lleva más de un año congelado.
Además, se exige la actualización del nomenclador de prestaciones básicas, que regula cuánto deben cobrar los profesionales de apoyo por parte de obras sociales y prepagas. Desde diciembre de 2024 no se aplican incrementos y la última suba fue del 0,5%, muy por debajo de la inflación acumulada.
“Estamos viendo un retroceso. La discapacidad fue trasladada a la órbita del Estado como una cuestión asistencial y no como un tema social y de derechos. El incumplimiento del cupo laboral del 4% de personas con discapacidad es otra prueba: estamos en apenas 1,4% en el sector público”, explicó González.
La situación se agravó desde fines de 2023. Las pensiones no contributivas, los pagos a prestadores y la aprobación de tratamientos comenzaron a sufrir demoras prolongadas debido a que el gobierno nacional mantuvo pisadas las transferencias alegando la necesidad de realizar antes una serie de auditorías. Además, se señala una falta de diálogo con la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), dirigida por Diego Spagnuolo.
La movilización fue pacífica y cargada de emoción. "Se trata de ayudar a personas que buscan trazar un proyecto de vida y viven entre dificultades", explicó González. A Felicitas Bonavitta, periodista del programa, se le quebró la voz cuando relató la situación de uno de los asistentes a la marcha frente al Congreso: un niño con autismo que pidió soluciones.
Desde el Ejecutivo no hubo declaraciones oficiales al cierre de esta nota.
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