En los barrios populares del AMBA la desigualdad se respira en cada rincón. A la falta de servicios básicos, viviendas dignas e infraestructura urbana, se suman la estigmatización social, la segregación territorial y la ausencia del Estado. Para los jóvenes que crecen allí, las oportunidades de movilidad social están llenas de obstáculos. Una encuesta reciente del CIAS/Fundar a seiscientos jóvenes de entre 16 y 24 años en seis barrios vulnerables del AMBA muestra un panorama alarmante. Terminar la secundaria, acceder a un empleo formal o construir un proyecto de vida autónomo son metas cada vez más lejanas. Esto configuran lo que llamamos una “escalera rota” de movilidad social: los peldaños existen, pero son frágiles y muchas veces se rompen en el camino (Anauati y Elizondo 2025; Hernández y Zarazaga 2025).
Según nuestro relevamiento, uno de cada cuatro jóvenes ya no vive con su familia de origen, y en casi la mitad de esos casos fue por razones forzadas: conflictos, abandono o violencia. El 80% se fue antes de los 18 años, y más de la mitad también dejó la escuela. En contraste, entre quienes aún viven con su familia, sólo el 18% abandonó sus estudios.
La necesidad de trabajar desde temprano también afecta la continuidad educativa: el 79% trabajó antes de los 18 años y el 43% de los menores aporta al hogar. Aunque el 91% de los adolescentes de 16 y 17 años está inscripto en la escuela, el 68% faltó al menos una vez en las últimas dos semanas sin motivo de salud ni suspensión de clases. La fragilidad escolar se combina con la segregación territorial. Los límites del barrio marcan la frontera de la vida social: la mayoría tiene amistades allí, asiste a escuelas cercanas y, si trabaja, lo hace en el barrio. Además, la mitad no participa en clubes ni organizaciones comunitarias, políticas o religiosas.
El resultado es un círculo difícil de romper: pobreza estructural, educación fragmentada, segregación territorial y empleo precario configuran para estos jóvenes un proceso de acumulación, no de activos, sino de desventajas. En este escenario, los sueños de progreso chocan con una realidad sin apoyos suficientes. Estos jóvenes intentan construir futuro en un presente que muchas veces los deja atrás.
Frente a estos problemas, paradójicamente el Estado invierte cada vez menos en programas para mejorar el a la educación o el empleo de los jóvenes. De acuerdo a nuestro estudio junto a Lara Forlino “Mapa de las Políticas Sociales 2025” (CIAS/Fundar), desde 2011 la inversión en políticas de promoción del empleo formal se redujo en un 93%. Por su parte, la principal política destinada a becar a jóvenes para terminar la secundaria o la universidad (Progresar) ha mostrado una volatilidad notable en la última década. Fue creada en 2014 para más de un millón de beneficiarios; durante la istración de Macri, la inversión en el programa cayó un 60%, volvió a incrementarse con Fernández y, bajo la presidencia de Milei, se desplomó, registrando una caída del 63% en 2024. Aunque el diseño de las políticas de promoción de empleo y las becas Progresar podrían mejorarse, las bajas pronunciadas y volatilidad en el gasto vuelven insostenible cualquier programa que aspire a sacar a estos jóvenes de la marginalidad. Es necesaria una mayor inversión en una educación de calidad, en becas que permitan a los jóvenes sostenerse económicamente para terminar la escuela o la universidad, y en programas que los ayuden a transitar a un empleo formal. Para que los jóvenes de los barrios populares puedan sortear las innumerables barreras que enfrentan para la movilidad social, una macroeconomía ordenada ayuda, pero no es suficiente. Es necesario que venga acompañada de una inversión pública sostenida, bien orientada y capaz de transformar efectivamente sus oportunidades.
*María Victoria Anauati (Investigadora CIAS). **Andrés Schipani (Profesor Universidad de San Andrés/Investigador CIAS).
