El 14 de mayo, dos días antes de las elecciones legislativas en Ciudad de Buenos Aires, el vocero presidencial –y en ese momento candidato– Manuel Adorni, anunció, por segunda vez en cinco meses, una reforma en el sistema migratorio argentino, casi idéntica a la presentada en una conferencia de diciembre de 2024. Entre otras cosas, afirmó que, durante ese año, en 8 hospitales públicos nacionales se habían invertido 114 mil millones de pesos en la atención a extranjeros.
A falta de datos oficiales disponibles públicamente sobre estas afirmaciones, PERFIL consultó tanto a la vocería presidencial como al Ministerio de Salud por mayores precisiones: no solamente a qué instituciones hacían referencia, sino también qué porcentaje representaban esos $ 114 mil millones en el gasto total, y si, al hacer referencia a la población extranjera existía una diferenciación entre el gasto destinado a personas sin residencia o con residencia precaria, permanente o transitoria. Pero, hasta el momento de la publicación de esta nota, no obtuvo respuesta.
Se consultó además a la Jefatura de Gabinete, de la que depende la Dirección Nacional de Migraciones, acerca de la afirmación de que en Argentina ingresaron –según el comunicado oficial emitido luego de la conferencia– 1,7 millones de migrantes irregulares durante los últimos 20 años. La respuesta en este caso fue que no contaban con esa información para brindarnos, porque a ese tema lo manejaban desde Presidencia.
Existen, sin embargo, estudios sobre estos dos indicadores. La población nacida en otro país representa el 4,2% del total (1,9 millones), un porcentaje que se mantiene desde hace más de dos décadas. El 51,4%, además, vive en provincia de Buenos Aires. Según los datos de su Ministerio de Salud, difundidos por el titular de la cartera, Nicolás Kreplak, en su cuenta de X, “la atención de personas no residentes tiene un impacto mínimo en el sistema de salud” ya que “sólo el 0,2% de las consultas y el 0,8% de las internaciones corresponden a extranjeros”.
Por otro lado, la Encuesta Nacional Migrante (2023) reveló que el 29% de las personas atravesó limitaciones para acceder a la salud al menos una vez, y que el 8% manifestó no haberse atendido nunca en instituciones públicas. Un dato que resulta interesante es que la proporción de personas extranjeras que nunca se atendieron en hospitales públicos es mayor en las regiones del NOA (11,9%) y el NEA (10,3%). Estos indicadores, señalan, deben considerarse en el marco de algunas regulaciones provinciales “que, contrariando las garantías de la legislación migratoria actual, promueven el cobro por los servicios de atención a la población migrante (caso de la provincia de Salta, por ejemplo)”.
Entre las principales dificultades para el el 72,6 % manifestó tener problemas con los turnos y el 16,8% haber sufrido malos tratos o discriminación. Y, si bien la ley (25.871) establece la igualdad de la cobertura en salud para nacionales y personas migrantes independientemente de su condición migratoria, el 12% no pudo acceder porque le exigieron domicilio en el lugar de destino, el 9,3% porque le solicitaron DNI argentino, “mientras que un 6,8% adujo falta información para desenvolverse en el ámbito de la salud pública”.
Adorni afirmó además que “a partir de ahora, los inmigrantes ‘ilegales’, residentes temporarios y transitorios deberán pagar por los servicios de salud”.
En Argentina existen tres tipos de residencia: transitoria, que se otorga por un periodo máximo de un año (turistas, académicos, trabajadores migrantes estacionales), permanente (sin plazo de vencimiento), y temporaria (aquella que, de acuerdo a ciertos criterios, se otorga por un plazo de hasta tres años y habilita a la obtención de un DNI).
Si la medida se efectiviza tal como está planteada, y de acuerdo a lo que entiende la ley argentina por residente temporario, quedarían afuera de la cobertura de salud gratuita los trabajadores migrantes que se queden en el país por hasta 3 años, científicos e investigadores, deportistas y artistas, religiosos que ingresen para desarrollar actividades propias de su culto, estudiantes, ciudadanos nativos de los Estados Parte del Mercosur, quienes ingresaron al país por razones humanitarias, y las personas asiladas y refugiadas.
Estas últimas son aquellas que, “debido a fundados temores de ser perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentren fuera del país de su nacionalidad y no puedan o, a causa de dichos temores, no quieran acogerse a la protección de tal país” (Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951). A las personas refugiadas, por ley, se les otorga una residencia temporaria por 2 años, “prorrogable cuantas veces la autoridad de aplicación en materia de asilo y refugio lo estime necesario”.
Todavía falta el DNU que, según el comunicado oficial, reglamentaría estas modificaciones. Lo que sí se conocen son las ideas sobre las que se fundamenta: “A fines del siglo XIX Argentina recibió una oleada migratoria que duplicó la población del país. Fue sin dudas una migración virtuosa que, en base al trabajo y al respeto por la ley, aportó su parte a construir la gran potencia que supo ser este país. Sin embargo, el rumbo se desvió. Hoy tenemos una normativa inmigratoria que invita al caos y al abuso de muchos vivos que lejos están de venir a este país de manera honrada a construir un futuro de prosperidad”.
Dos días después de tales afirmaciones, el vocero presidencial cosechó el 39,4% de los votos en las mesas habilitadas para votantes extranjeros, diez puntos por encima del resto. En las últimas elecciones de EE.UU. el 45% de los latinos votó por Donald Trump: si bien obtuvo menos votos que Kamala Harris, aumentó en 10 puntos porcentuales su base de apoyo en esa comunidad respecto a las elecciones de 2020.
