La Cámara 10a del Crimen absolvió al excomisario Juan Eduardo Frasinelli por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario de oficio. El fiscal de Cámara, Gustavo Arocena, la había solicitado en su alegato.
El juicio con jurados que concluyó ayer en los tribunales provinciales puso bajo la lupa de la justicia la desidia y abandono en la gestión, istración y cuidado de las motos que son secuestradas por la Policía a raíz de contravenciones y por la Justicia, en investigaciones de delitos. Se trata del Depósito Judicial 2 de Potrero del Estado, sobre la ruta 36 en la localidad de Bouwer.
Por el veredicto, se deduce que el tribunal no encontró responsabilidad penal del policía que estuvo a cargo del predio; sino responsabilidad funcional de la fuerza, a cargo de la custodia, el ingreso y egreso de las motos. Por eso, los damnificados serán reparados por la Provincia de Córdoba. Ayer se conoció la resolución, los fundamentos de los jueces se conocerán el 30 de junio.
Es el primer juicio. Habrá más porque existen otros casos similares bajo investigación. El período juzgado en este debate sólo abarcó desde marzo del 2019 a marzo del 2020.
Si bien existieron mejoras posteriores a esa fecha, la inspección ocular realizada por el tribunal, los jurados, el fiscal, querellas y defensa, dejó más que evidente que lo hecho no alcanza para garantizar que los bienes secuestrados sean custodiados en forma efectiva.
Por esa razón, en su fallo la Cámara liberó de culpa al comisario Frasinelli, tampoco será responsable civil ante los damnificados; pero sí cargó a la Provincia la reparación económica de seis propietarios cuyas motos desaparecieron. En total deberá pagar $30.499.179. Es solo una parte porque ya se sabe que desaparecieron por lo menos 24 vehículos del mismo depósito.
Pero hubo un pronunciamiento más. Los jueces “instaron” a la Policía de Córdoba, a través de su jefatura, a extremar medidas para adecuar “la estructura, organización y mantenimiento” del Depósito Judicial 2, en virtud del servicio de las motos secuestradas, “incluso de los efectos del clima por el transcurso del tiempo”. La inspección ocular mostró palpable -es posible verlo en el video que se publica en esta nota- que los vehículos, sin importar su valor, son acumulados entre yuyales y a la intemperie. Lo que dijo la Cámara obligará a la Policía de Córdoba a un cambio total.
El depósito hoy es un predio de 42 hectáreas -enorme- a cielo abierto, con alambrado perimetral, sin habilitación municipal de Bouwer, custodiado por pocos policías en cada turno. Desde el contenedor acondicionado como sede policial no se logra ni siquiera divisar el horizonte del lote.
La Cámara también ordenó que se notifique al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; y al general del Tribunal Superior de Justicia, Luis Sosa Lanza Castelli. Son los responsables funcionales últimos, respectivamente, de la custodia del lugar y de los bienes que son enviados a ese lugar por disposición de fiscales y jueces.
