Multas y quita de planes: Río Cuarto busca limitar las actividades "extorsivas" de los naranjitas 4b3lc
El proyecto municipal propone sanciones económicas, quita de subsidios y un seguimiento individual de quienes realizan tareas de cuidado de autos en la vía pública. El oficialismo enfrenta cuestionamientos en el Concejo Deliberante por la magnitud de las sanciones. 3v5u1r
La Municipalidad de Río Cuarto presentó un proyecto de ordenanza que busca regular la actividad de los "trapitos" o "naranjitas" en la vía pública. La propuesta, enviada al Concejo Deliberante, contempla la aplicación de multas que podrían superar los 385 mil pesos en casos de cobro compulsivo, además de la posible quita de planes sociales a quienes incurran en conductas violentas o se nieguen a participar en programas de capacitación.
Según lo establecido en el texto, se sancionará a quienes, sin autorización oficial, exijan una retribución económica de manera obligatoria para realizar tareas de vigilancia, lavado o cuidado de vehículos. La autoridad de aplicación estará conformada por la Guardia Local y agentes de Tránsito, quienes también podrán intervenir ante situaciones que afecten la convivencia o el orden público, con la posibilidad de aplicar multas que van de una a cinco Unidades de Multa, siendo el costo de cada unidad de $77.150.
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El secretario de Prevención y Convivencia Ciudadana, Gastón Maldonado, sostuvo que la medida busca "erradicar prácticas extorsivas" y garantizar la libre circulación de los vecinos. Además, informó que se implementará un relevamiento individual de quienes se desempeñan en estas tareas, como parte de un abordaje integral que involucra a distintas áreas municipales.
En paralelo, el proyecto habilita al Ejecutivo a revincular con sus localidades de origen a personas que no residan en la ciudad y que sean identificadas en estas actividades. También se establece que quienes rechacen participar de instancias de formación o reinserción laboral podrían perder el a beneficios sociales municipales.
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La iniciativa generó un fuerte debate en el Concejo Deliberante. Legisladores de la oposición cuestionaron el monto de las multas y advirtieron sobre el riesgo de criminalizar la pobreza sin contar con herramientas adecuadas para probar casos de amenazas o extorsión.
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