La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) salió al cruce del Gobierno tras la publicación de un decreto que excluye a la Secretaría de Educación de las negociaciones salariales docentes. A través de un duro comunicado, la central sindical expresó su “más enérgico repudio” a la medida oficial, a la que calificó como “un gravísimo retroceso en materia de derechos laborales”.
La decisión del Ejecutivo quedó plasmada este miércoles en el Decreto 341/2025, firmado por el presidente Javier Milei y publicado en el Boletín Oficial. La norma modifica el artículo 10° de la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo y elimina la participación de la Secretaría en la mesa tripartita que hasta ahora definía el salario mínimo docente.
Para CTERA, el cambio representa “un atentado contra la Paritaria Nacional Docente y una violación del espíritu federal y democrático de nuestro Sistema Educativo”. Desde su sanción, el artículo modificado garantizaba la intervención del Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Educación, como garante de un piso salarial común para todos los docentes del país.
“La eliminación de esta instancia es desentenderse del derecho a un salario digno, es fragmentar aún más el sistema educativo y consagrar la desigualdad”, advirtió la entidad gremial. Y agregó: “El Gobierno ha decidido abandonar su responsabilidad indelegable de garantizar el derecho social a la Educación”.
El decreto establece que, en adelante, las futuras discusiones para establecer el salario mínimo docente quedarán a cargo del Consejo Federal de Educación junto con los gremios nacionales. La Secretaría de Educación podrá refrendar el convenio o solicitar una nueva propuesta sólo en caso de que su implementación no sea viable presupuestariamente.
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En los fundamentos, el Gobierno argumentó que la medida se enmarca en una estrategia de revisión del rol estatal para lograr “una asignación de recursos más racional y efectiva”. También recordó que el Consejo Federal de Educación tiene la capacidad de “planificar, coordinar, asesorar y acordar los aspectos de la política cultural y educativa” entre Nación, provincias y CABA.
CTERA, por su parte, enmarcó el cambio dentro de una política de “vaciamiento del Estado, desfinanciamiento de la Educación Pública y desconocimiento de los derechos de lxs Trabajadorxs de la Educación”. En ese contexto, exigió “la derogación inmediata” del decreto y llamó a “todas las Organizaciones Sindicales, a las Comunidades Educativas y a la sociedad en su conjunto a defender la Educación Pública y el rol del Estado como garante de la Educación Pública y la equidad federal”.
NG
