Los dueños de las constructoras más grandes del país se chocaron con la pared: el Gobierno no los tiene en cuenta como interlocutor del establishment nacional, con o sin obra pública. Los empresarios intentaron repavimentar los puentes de diálogo con la Casa Rosada, multiplicando ideas para la generación de inversiones privadas que reemplacen los fondos del Estado, pero ni siquiera los es con más inventiva lograron convencer al presidente Javier Milei, ni al ministro de Economía, Luis Caputo, a participar del cónclave. Esa señal fue inequívoca: al Ejecutivo no les temía a las críticas, sino que no le interesaba mezclarse con el sector.
“Si crece la economía, la construcción crece en el doble de ritmo. Porque si hay más recaudación, hay plata para la obra pública”, analizó, ante PERFIL, uno de los referentes empresarios del sector. La respuesta llegó de parte de un colega, ni siquiera del Gobierno: “Se trata de una cuestión ideológica, no de fondos. El plan no contempla a la construcción en su plan económico. Habrá que sobrevivir hasta que la inversión privada aparezca en gran cantidad, pero muchas constructoras quedarán en el camino”.
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Lo cierto es que el mundo de la construcción está en jaque. Con deudas estatales multimillonarias; con paralización casi total de cualquier obra pública de financiamiento nacional; pérdida de empleo que se cuenta por más de un centenar de miles; y una actividad privada atascada por la suba de costos, fueron 5.000 las empresas que se desarmaron en el peor año del sector, aunque los tanques que están dentro de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) se mantienen en pie. Algunas, con importantes problemas financieros.
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“Sin infraestructura eficiente, no hay competitividad. Sin conectividad, no hay productividad. Sin inversión sostenida, no hay crecimiento”, planteó el presidente de Camarco y anfitrión, Gustavo Weiss, en su discurso central en la 70ª Convención de la entidad. “La clave está en el trabajo conjunto. La infraestructura debe ser una prioridad para el Estado, pero también para el sector privado y los organismos internacionales que pueden aportar financiamiento y tecnología. Necesitamos políticas claras, previsibles y eficientes que incentiven la inversión, reduzcan costos y promuevan modelos innovadores de gestión”, sostuvo.
Los constructores hoy están entusiasmados en las licitaciones de los 12 corredores viales que el Gobierno prometió poner sobre la mesa. Ya se lanzaron las dos primeras: la ruta 14 y el puente Rosario-Victoria. No será un proceso ágil, porque la inversión de los privados deberá rondar los USD 100 millones y la recuperación será a partir del cobro de peajes, cuyo precio estará topeado en el pliego.
“Las empresas deberán estudiar los parámetros técnicos; revisar las condiciones de financiamiento de parte de un banco o de un pool de bancos; y después ver si es viable el negocio. Habrá una cláusula para actualizar tarifas por inflación. Todo esto, confiando en que haya seguridad jurídica y no venga otro gobierno y cambie las reglas del juego”, sostuvo Weiss, en diálogo con medios de prensa, entre los que se encontraba PERFIL.
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En el resto de las obras de infraestructura que necesita el país para sostener la conectividad y las vías del desarrollo no resultan en un negocio atractivo para las empresas, porque no tienen una circulación necesaria para recuperar inversiones. Entre los primeros está el 25% de la red vial, lo que deja al 75% en improductivos que “alguien tiene que pagar”. Incluso sucede en sectores dinámicos de la actividad económica, como las mineras que reclaman rutas para transportar la materia prima de exportación, pero que no pueden financiar esas obras de infraestructura. “Pueden invertir algo, pero no todo”, confirmó Weiss.
Según los constructores, la obra pública nacional está en un nivel bajo de inversión. Lo que sostiene a las empresas del sector son “los niveles de ejecución importantes” que realizan las istraciones provinciales y municipales. Más allá de los pocos abrigos de los estados subnacionales, las compañías festejaron la obra privada en petróleo y gas, que está “muy demandada”. Pero lamentaron el “alto costo” de la obra privada en vivienda, debido a la baja del dólar oficial contra la suba de los precios. Graficado en dólares: pasó de USD 700 a USD 1.400 por metro cuadrado de construcción. “No cierra, porque el precio de venta no convalida el costo”, itió Weiss.
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La agenda de debate transitó por distintos puntos para intentar encontrar las “nuevas oportunidades”. Sin embargo, no sólo que Milei y Caputo le vaciaron de presencia de funcionarios de primera línea el evento a los constructores, sino que enviaron al secretario de Obras Públicas, Luis Giovine, quien festejó la baja de 1.648 obras nacionales; la transferencia de 500 a las provincias; la continuidad de apenas 183 de parte del gobierno nacional (115 por convenios y el resto de contratos); y la reactivación de cuatro obras de poco menos de $ 300.000 millones, en Tucumán, Catamarca-Santiago del Estero, Chaco y Pinamar.
AM / Gi
