ECONOMIA
juan josé pazo

Investigan al titular de ARCA por su patrimonio

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ARCA definió la prórroga para la presentación y pago de saldos de Ganancias y Bienes Personales. | NA

Luego de protagonizar el anuncio que apunta a que los ciudadanos utilicen los dólares que tienen bajo el colchón, la Justicia puso la lupa sobre el patrimonio del titular del ARCA, Juan José Pazo. Específicamente, existen interrogantes sobre la composición de su patrimonio.

Sobre el funcionario pesan sospechas desde que asumió su cargo, en 2024, en torno a su declaración jurada de bienes. Según El Diario Ar, el hombre que maneja el organismo que tenía el nombre de AFIP es dueño de una compañía en Florida, Estados Unidos. Esa empresa compró un departamento en Miami que nunca apareció en las declaraciones que entregó el funcionario a la Oficina Anticorrupción (OA).

Ante esta situación, Rodolfo Tailhade, el diputado de Unión por la Patria, avanzó con una denuncia con el fin de esclarecer si el titular del ARCA omitió de forma deliberada esa información. La acusación generó que el fiscal federal Ramiro González abra una causa que recayó en el juzgado de Ariel Lijo, quien ya le reclamó a la OA que entregue todas las declaraciones juradas de Pazo. Tanto las públicas como aquellas que son privadas por parte de un hombre que conoce muy bien el sector privado: además de pasar por la gestión de Mauricio Macri, supo ser CEO de marcas de indumentarias como Rapsodia, Baby Cottons y Caro Cuore.

También, fue una de las cabezas de un grupo de fondos de inversión vinculados a los negocios agropecuarios, en particular al ganado vacuno, denominado Invernea, fundado en 2020.

De acuerdo a una de esas declaraciones, el integrante del gobierno libertario figura como director y accionista de Harbour House 1533 Corp. No obstante, Pazo se niega de manera sistemática a responder sobre por qué no aparece la firma en los registros oficiales de bienes que están en manos de la OA. El problema que enfrenta es, si Lijo lo encuentra como culpable de omitir de manera maliciosa al Estado su patrimonio, una pena de hasta dos años de prisión, excarcelable.