A una década de la primera marcha de #NiUnaMenos, el movimiento que sacudió la agenda pública y forzó respuestas ante la emergencia de la violencia de género, la amenaza a los avances logrados ya no es la dispersión, la inercia ni la falta de datos. Hoy, el principal riesgo proviene del propio Estado nacional.
Bajo la gestión de Javier Milei, la redefinición de prioridades políticas se traduce en el desmantelamiento de estructuras institucionales y en recortes presupuestarios que afectan de manera directa la prevención y la asistencia.
En 2015, los reclamos eran concretos: la declaración de la emergencia nacional en violencia de género, la aplicación efectiva de la Ley 26.485, presupuesto específico, refugios y casas de protección en todas las provincias, real a la justicia, patrocinio legal gratuito, campañas de prevención, formación docente, implementación plena de la ESI, estadísticas públicas y articulación federal, entre otras. No eran demandas abstractas: respondían a una realidad crítica -277 femicidios en 2014, 21 de ellos en Córdoba- y a una ausencia de respuestas estatales sistemáticas.
¿Qué se logró? Avances y limitaciones
En los años siguientes se alcanzaron logros importantes:
Sanción y consolidación de la Ley Micaela, con capacitación obligatoria en género para los tres poderes del Estado.
Ley Brisa, con reparación económica para hijos e hijas de víctimas de femicidio.
Creación de ministerios y áreas específicas en la mayoría de las provincias.
Fortalecimiento de dispositivos como la Línea 144, expansión de refugios y casas de protección, implementación (aunque desigual) de la ESI y la legalización de la ILE.
Cada avance, sin embargo, estuvo acompañado de obstáculos estructurales y de una aplicación irregular a nivel nacional.
La cobertura de refugios es insuficiente y con marcadas disparidades regionales; hay provincias sin dispositivos estatales y en muchos casos la capacidad no alcanza para cubrir la demanda.
La aplicación de la Ley Micaela es desigual: mientras algunas jurisdicciones avanzaron en la capacitación, en otras la formación es parcial o superficial.
La Educación Sexual Integral (ESI) enfrenta desafíos persistentes. Según el último informe nacional (noviembre 2023), sólo el 60% de las escuelas la implementa según los protocolos oficiales, y apenas un tercio aborda la violencia de género como un eje central, lo que acota su alcance preventivo y educativo.
El estado actual: retrocesos y desafíos
Hoy, los indicadores muestran la persistencia del problema:
El promedio anual de femicidios a nivel país se mantiene en torno a los 245 casos.
El vaciamiento institucional es visible: la inversión en políticas de género cayó del 0,15% al 0,09% del PBI (2023-2025), según estimaciones independientes.
El Ministerio de las Mujeres fue degradado a Subsecretaría, sin presupuesto propio, y la información oficial es cada vez menos accesible.
A esto se suma un retroceso en términos políticos e ideológicos: la ofensiva contra los feminismos, la ESI o cualquier aspecto vinculado al género, la narrativa de “achicamiento del Estado” y la eliminación, por ejemplo, del etiquetado de género en el presupuesto, implican un desplazamiento del tema del espacio público, volviendo a tratar la violencia como un problema privado y no como una cuestión de derechos humanos.
La deuda pendiente
A diez años de la primera marcha, la deuda del Estado no se mide sólo en leyes o normativas, sino en la continuidad real de políticas públicas capaces de sostener cambios concretos. El principal desafío hoy no pasa por el movimiento ni por la conciencia social, sino por la decisión política de reducir, desfinanciar y relegar políticas que mostraron resultados y marcaron agenda.
Saldar esa deuda requiere, antes que nada, reconocerla. No hacerlo es retroceder a una etapa donde el silencio era la norma y la política, apenas un reflejo tardío de una urgencia que sigue vigente.
