La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó este martes la prisión domiciliaria del exlegislador Oscar González, en el marco de la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
El tribunal, integrado por los jueces Abel G. Sánchez Torres, Eduardo Ávalos y Graciela Montesi, resolvió rechazar el recurso de apelación presentado por la defensa de González y ratificar la medida de coerción dispuesta por el juez federal N.º 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja. La prisión domiciliaria había sido solicitada por el fiscal del caso, Maximiliano Hairabedian.
Para tomar esta decisión, los jueces analizaron el expediente y consideraron que "se mantiene el riesgo procesal conformado por las circunstancias concretas del caso", por lo que, según se desprende del fallo, subsiste hasta el momento la posibilidad de entorpecimiento de la investigación o de elusión de la justicia.
Además, la Cámara estableció —por mayoría— un plazo inicial de cuatro meses para la detención domiciliaria, contados desde la recepción formal de la causa por el Juzgado, con posibilidad de prórroga si el juez interviniente lo autoriza. Esta postura fue sostenida por Sánchez Torres y Montesi, mientras que Ávalos votó en disidencia y consideró que no correspondía fijar un límite temporal en esta instancia del proceso.
"El temperamento obedece a estrictas razones de legalidad que se vinculan con la disminución del riesgo procesal a partir del avance sustancial de la instrucción", argumentó la mayoría. Y agregaron que también se relaciona con "la garantía de juzgamiento en plazo razonable", tanto para el imputado como para las víctimas y la sociedad. "La justicia debe actuar con celeridad y sin dilaciones que conduzcan a la impunidad", remarcaron.
Por su parte, el juez Ávalos consideró que no se justifica fijar un plazo de cuatro meses, dado que —según expresó en su voto— aún no se advierte una eventual violación al plazo razonable y la medida podría mantenerse más allá de ese tiempo si el riesgo procesal continúa vigente.
González, ya se encuentra bajo arresto domiciliario desde hace varias semanas. Está imputado por presuntas maniobras de lavado de dinero y un incremento patrimonial que no habría sido debidamente justificado.
Con esta resolución, la Cámara ratificó la gravedad del caso y la continuidad del proceso penal, que sigue su curso bajo reserva judicial.
