En un intento por proteger los activos de Márquez y Asociados y garantizar eventuales indemnizaciones para las 27.500 familias afectadas por la presunta estafa inmobiliaria, el abogado Augusto Filí presentó una medida cautelar preventiva ante el fuero civil, basada en una herramienta del nuevo Código Civil.
La acción, denominada "acción preventiva", busca conformar un comité de trabajo -integrado por la Provincia, el Tribunal Superior, la Fiscalía, expertos y actores del sector inmobiliario- para evaluar la reactivación controlada de la empresa y preservar su patrimonio. El objetivo es evitar que los procesos penales y una eventual quiebra dejen a las víctimas sin posibilidad de recuperar sus fondos.
Alternativa civil: una esperanza
Filí, representante de uno de los damnificados, explicó que el sistema penal está desbordado: según el abogado, la Fiscalía de Delitos Complejos recibe entre 100 y 150 denuncias diarias, lo que dificulta incluso asignar números de expediente. Frente a este escenario, la medida apunta a un rescate financiero temporal de la empresa.
"Si no protegés el patrimonio y el funcionamiento de la empresa, no habrá nada para resarcir a las víctimas después", señaló el letrado en una entrevista con Radio Continental Córdoba.
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La estrategia propone inventarios periciales para determinar el estado real de la empresa; vinculación con empresas del sector que podrían aportar capital o gestión; agilidad procesal, dado que una quiebra tradicional podría dilatar años sin garantizar resultados.
La medida es inusual pero refleja la urgencia del caso. Si el tribunal la ite, podría sentar un precedente para fraudes masivos, combinando la investigación penal con una gestión civil urgente de los activos. Sin embargo, el desafío es mayúsculo: la empresa tiene deudas multimillonarias y su estructura operativa está bajo sospecha.
Presunción de estafas
Márquez y Asociados está acusada de operar un esquema piramidal que recaudó millones de dólares mediante contratos de viviendas "llave en mano" nunca construidas. Los propietarios -los hermanos Matías, Pablo y Ariel Márquez- fueron detenidos en abril por asociación ilícita y estafa agravada, mientras las denuncias siguen sumándose a través de un formulario digital habilitado por el Ministerio Público Fiscal.
Hasta ahora, solo 2.500 viviendas fueron entregadas de las 30.000 prometidas, según el fiscal Enrique Gavier. Muchos afectados pagaron hasta USD 55.000 y enfrentan crisis personales y económicas.
Segunda foto en texto: La Voz.
