Una madre de familia de Villa Mercedes, San Luis, enfrenta cargos penales y una posible prisión preventiva tras recibir por error una transferencia estatal de más de $500 millones. El dinero fue depositado por una falla istrativa del Gobierno provincial, pero el uso parcial que hizo de esos fondos la puso en el centro de una causa por defraudación.
Lo que Verónica Acosta esperaba era una cuota alimentaria de $8.000. Pero lo que encontró en su cuenta bancaria fueron más de 500 millones de pesos. Confundida o no, usó parte del monto para comprar electrodomésticos, materiales para el hogar y ayudar a familiares.
Compró alimentos, una heladera, una freidora, un microondas, cerámicos para el piso de su casa -que hasta entonces no tenía- y una mochila de inodoro. También adquirió dos televisores, uno de ellos para una cuñada, y transfirió sumas menores a familiares. "Nunca compré sushi ni un auto, como dicen algunos medios", aclaró en una entrevista.
Pero el origen del dinero era otro: una equivocación cometida por un contador del Gobierno de San Luis, quien transfirió esa cifra millonaria por error -510 millones de pesos según su testimonio y 540 millones según fuentes judiciales-. La istración provincial denunció el hecho, y la Justicia no tardó en intervenir.
Hasta el momento, no hay imputaciones en contra del responsable de la tranferencia mal hecha.
En total, la fiscalía menciona que hizo 66 transferencias, aunque la mujer explicó que fueron múltiples movimientos a los mismos destinatarios, con montos de alrededor de $500 mil, y que incluso envió $50 mil a una hermana en Formosa. Todas las operaciones fueron digitales y por lo tanto trazables.
Según la defensa, encabezada por el abogado Hernán Echevarría, Acosta nunca fue notificada oficialmente del error antes de que su cuenta fuera congelada. "Se enteró cuando su excuñada le mandó la noticia y, mientras la leía, la policía llegó a su casa", relataron.
Acosta, quien no tiene antecedentes penales, fue detenida junto a cinco familiares, y en los allanamientos se secuestraron productos comprados, dinero en efectivo e incluso los celulares de sus hijos menores. Los seis enfrentan cargos por defraudación al Estado, retención indebida y uso indebido de tarjetas, y la jueza de Garantías les impuso una fianza de $30 millones a cada uno, con apenas tres días para reunirla, bajo amenaza de prisión preventiva.
En total, suman $180 millones. "Una medida absolutamente desproporcionada para personas sin recursos, sin antecedentes y con domicilio fijo", argumentó Echevarría, quien apeló tanto los cargos como el monto de la caución.
Por su parte, desde la Fiscalía de Estado aseguran que hubo intentos de o previos. “La buena fe se demuestra con hechos”, respondió el abogado Flavio Ávila, representante del Gobierno.
Mientras el Ejecutivo provincial afirma haber recuperado el 90% del dinero, la situación judicial de la familia continúa en suspenso. La Cámara de Apelaciones deberá definir si confirma o revoca las medidas. Acosta, en tanto, sigue reclamando justicia: "No sabíamos que era dinero del Gobierno. Nunca actuamos de mala fe. Ahora nos tratan como criminales, pero el error no fue nuestro".
El caso quedó ahora en manos de la Cámara de Apelaciones, que deberá resolver si ratifica o revoca las medidas dispuestas por la jueza.
RM
