En un intento por frenar la escalada de reclamos judiciales vinculados a la salud, el gobierno nacional dispuso este miércoles 4 de junio la creación de una nueva herramienta para canalizar los conflictos entre s y obras sociales y entidades de medicina prepaga sin necesidad de acudir directamente a los tribunales. A través del DNU 379/2025, se oficializó el lanzamiento del Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud, que estará operativo dentro de 60 días y será de carácter voluntario.
El nuevo sistema —bautizado como Promesa— funcionará bajo la órbita del Ministerio de Justicia y tendrá plazos cortos: entre cinco y siete días para designar al mediador y llevar adelante las audiencias. Las partes deberán estar representadas por abogados, aunque quienes no puedan afrontar esos costos contarán con patrocinio jurídico gratuito.
Una alternativa para descomprimir el sistema judicial
La intención oficial es clara: evitar que se siga saturando el fuero contencioso con amparos por cobertura médica. En los despachos oficiales aseguran que la iniciativa apunta a "agilizar la resolución de conflictos en favor de los ciudadanos" y frenar lo que denominan como “la industria del amparo”.
El Ministerio de Salud participará de manera limitada en el Promesa. Solo intervendrá si las partes lo solicitan y, en tal caso, se encargará de capacitar a los mediadores para que puedan actuar con solvencia frente a casos complejos, como tratamientos de alta complejidad o fármacos de alto costo.
Amparos en alza y reclamos por aumentos
Según datos oficiales, los amparos judiciales por prestaciones médicas se dispararon un 471,79% en 2024 respecto del año anterior. El crecimiento había sido del 20,5% entre 2022 y 2023. La mayoría de esos planteos responden a la negativa de cobertura de tratamientos o medicamentos costosos por parte de prepagas y obras sociales.
A eso se sumaron los reclamos por los fuertes aumentos de cuotas tras el DNU 70 de diciembre de 2023, que eliminó el control estatal sobre los precios del sector. Aunque la medida fue suspendida temporalmente, volvió a entrar en vigencia y mantiene su impacto en la judicialización.
El Gobierno insiste en que el nuevo canal de mediación permitirá una vía más ágil, económica y menos traumática para resolver conflictos. Y, al mismo tiempo, espera que contribuya a reducir el volumen de causas en un sistema judicial cada vez más saturado.
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