En los últimos meses, Argentina ha sido testigo de un preocupante aumento en la represión estatal y la criminalización de la protesta social. Bajo el gobierno de Javier Milei y con Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, se han desplegado operativos de fuerza desmedida incluso frente a manifestaciones pacíficas, como ocurrió con la movilización de jubilados del 13 de marzo.
Más de cien personas fueron detenidas, al menos veinte resultaron heridas, y el fotoperiodista Pablo Grillo permanece en estado crítico tras recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza. Lejos de asumir responsabilidades, el gobierno eligió estigmatizar a las víctimas y legitimar la violencia institucional mediante relatos que fueron rápidamente desmentidos por la prensa.
Este episodio no es aislado. Desde la implementación del “nuevo protocolo de seguridad” en diciembre de 2023, se han intensificado las estrategias de amedrentamiento: mensajes disuasorios en el transporte público, detenciones arbitrarias y una creciente presencia policial en la vía pública reflejan una política de Estado orientada a sofocar toda forma de disidencia. La represión sistemática y la construcción de un enemigo interno recuerdan a prácticas autoritarias que, lejos de pertenecer al pasado, están reapareciendo con fuerza en el presente.
La derecha europea busca nuevos relatos y nuevas polémicas
En paralelo, el ajuste económico está provocando un deterioro acelerado de las condiciones de vida. Según los últimos datos del INDEC, la pobreza alcanzó al 38,1% de la población en el segundo semestre de 2024, lo que representa aproximadamente 17,9 millones de personas. Este dato muestra una disminución respecto al primer semestre de 2024, cuando la pobreza fue del 52,9%.
Es cierto que el gobierno ha logrado una desaceleración de la inflación tras meses de cifras alarmantes, pero ese logro económico no puede ser utilizado como excusa ni habilitar políticas que vulneren derechos fundamentales o silencien la protesta.
El avance de estas políticas no es exclusivo de la Argentina. El caso de Estados Unidos durante la istración de Donald Trump es probablemente el ejemplo más conocido del giro autoritario desde la derecha, pero existen otros casos —quizás menos visibilizados— que también dan cuenta de un preocupante avance global sobre las garantías democráticas.
En Hungría, el primer ministro Viktor Orbán —uno de los principales aliados ideológicos del presidente argentino— ha impulsado leyes que prohíben las manifestaciones del Orgullo LGBTI+ y legalizan el uso de tecnologías de vigilancia masiva para controlar a los manifestantes. Estas medidas, sin precedentes en la Unión Europea, constituyen una amenaza directa a los derechos de las minorías y refuerzan una lógica de gobierno sustentada en la represión.
Cada vez más migrantes mueren en el Mediterráneo tratando de llegar a Europa
En Belgrado, capital de Serbia, durante las recientes manifestaciones contra el presidente serbio Aleksandar Vučić, distintos organismos denunciaron el uso de tecnología de vigilancia digital para identificar a manifestantes. Más de medio millón de personas firmó una petición exigiendo una investigación independiente sobre las tácticas empleadas para disolver la protesta.
Desde nuestra organización, hemos alertado sobre el uso creciente de herramientas de control digital que, bajo el pretexto de garantizar el orden, violan derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de expresión y la protesta pacífica.
En Italia, el gobierno de Giorgia Meloni representa otra expresión de este fenómeno global. A través de decretos que limitan las operaciones de rescate en el Mediterráneo y restringen la labor de las ONG humanitarias, su istración ha endurecido el trato hacia personas migrantes, vulnerando acuerdos internacionales y principios básicos de derechos humanos. Estas decisiones, lejos de ser aisladas, forman parte de una política sistemática de exclusión y discriminación.
En Polonia, el partido Ley y Justicia (PiS) dejó una herencia institucional que sigue marcando al país: reformas judiciales que debilitaron la independencia de los jueces, leyes que restringen el derecho al aborto y una retórica abiertamente hostil hacia las personas migrantes y la comunidad LGBTQ+. Aunque ya no está en el poder ejecutivo, su impronta sigue condicionando el escenario político y social, con consecuencias palpables en materia de derechos.
En América Latina, el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador constituye un caso emblemático de autoritarismo en ascenso. Si bien ha sido elogiado por reducir drásticamente la criminalidad, lo ha hecho a costa de derechos fundamentales. Bajo un régimen de excepción que se mantiene desde 2022, se han suspendido garantías constitucionales clave, se realizaron detenciones masivas sin orden judicial y se vulneró el debido proceso. Organismos internacionales han denunciado con preocupación el debilitamiento del estado de derecho en el país, que se presenta como un “modelo de orden” para otros líderes de la región.
Frente a este escenario, la situación en Argentina no puede entenderse como un fenómeno aislado. Se inscribe en una tendencia internacional que avanza sobre garantías, criminaliza la disidencia y normaliza la represión como herramienta de gestión política. Como organización de derechos humanos, tenemos la responsabilidad de visibilizar y denunciar estos retrocesos, y de fortalecer, con más urgencia que nunca, las redes de resistencia que defienden la dignidad, la justicia y la libertad.
