El presidente Donald Trump intensificó su estrategia de mano dura contra la inmigración en sus primeros cien días de gobierno, en la que fue uno de los ejes de campaña. Con más de 65.000 inmigrantes deportados, nuevas designaciones de organizaciones "terroristas" y un decreto contra las llamadas "ciudades santuario", el mandatario republicano implementó una ofensiva que no discriminó género ni edad y que sus críticos calificaron de inconstitucional.
Las deportaciones de Trump en cifras
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) deportó a 65.682 personas entre enero y abril. Esa cifra representa el 98% de los 66.463 inmigrantes detenidos en ese mismo periodo. De ellos, el 5% tenía antecedentes penales, entre los que se contaron 498 acusados de asesinato, 1.329 relacionados con delitos sexuales y 2.288 presuntos pandilleros, según un informe al que accedió el portal británico Dailymail.
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La secretaria del DHS, Kristi Noem, aseguró que las detenciones aumentaron un 627% respecto al promedio mensual del año anterior. También afirmó que los encuentros fronterizos diarios descendieron de 15.000 a solo 200, el nivel más bajo en 15 años.
Trump, por su parte, firmó el pasado lunes una orden ejecutiva que instruyó a los organismos federales a publicar una lista de "ciudades" y estados "santuario", para referirse a aquellas jurisdicciones que habrían obstruido la aplicación de las leyes migratorias, advirtiendo que podrían perder a fondos federales.
La medida apuntó a ciudades como Boston, Chicago, Denver y Nueva York, cuyos alcaldes defendieron sus políticas ante el Congreso en marzo. Sin embargo, la justicia bloqueó el intento de condicionar fondos a estas jurisdicciones, al considerar que violaba la ley federal.
El gobierno también utilizó imágenes impactantes para reforzar su narrativa. En el jardín de la Casa Blanca se exhibieron carteles con fotografías policiales de inmigrantes arrestados, acompañadas por palabras como "ARRESTADO" y los delitos imputados: desde homicidio hasta distribución de fentanilo. Un comunicado adjunto enumeró a 100 de los "peores criminales ilegales" capturados desde enero.
El arresto de 100 migrantes y el caso del niño deportado
La ofensiva alcanzó un punto álgido el fin de semana, cuando agentes de la DEA allanaron un club nocturno clandestino en Colorado Springs, donde arrestaron a más de 100 inmigrantes indocumentados. Según la fiscal general Pam Bondi, el lugar era frecuentado por de las pandillas Tren de Aragua y MS-13, designadas como organizaciones terroristas por Trump. En el operativo se incautaron drogas, armas y se identificaron militares estadounidenses trabajando como seguridad armada.
Trump elogió el operativo y criticó a los jueces que frenaron deportaciones, acusándolos de querer convertir al país en un “desastre plagado de crimen”. Su vocera Karoline Leavitt declaró que los cruces fronterizos ilegales bajaron un 95% en los últimos 12 meses, de 140.000 a 7.000, y atribuyó el cambio al liderazgo del presidente. "Restauró el estado de derecho y defendió la soberanía estadounidense", dijo.
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No obstante, los desafíos judiciales y las críticas de organizaciones de derechos humanos no se hicieron esperar. Estas denunciaron la deportación de tres niños ciudadanos estadounidenses junto a sus madres, una de ellas con un hijo enfermo de cáncer. Además, el gobierno reconoció haber deportado erróneamente a Kilmar Abrego Garcia, residente legal protegido, aunque Trump insistió en que tenía vínculos con pandillas.
El exdirector de ICE, Tom Homan, defendió la política migratoria y declaró: "Tenemos la frontera más segura en la historia de esta nación". No obstante, las cifras oficiales completas aún no fueron publicadas. El Instituto de Políticas Migratorias estimó que el gobierno podría llegar a unas 500.000 deportaciones este año, por debajo de las 685.000 registradas durante el último año fiscal bajo Biden. Homan argumentó que la comparación era engañosa, ya que muchas de las expulsiones bajo Biden incluyeron rechazos inmediatos en la frontera, mientras que ahora esos cruces habían sido prevenidos antes de ingresar.
Trump también promovió un proyecto de ley republicano que propuso nuevas tarifas migratorias, incluyendo un mínimo de $1.000 dólares por solicitud de asilo, y desplegó tropas en la frontera con México para reforzar el control.
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Pese a estos esfuerzos, su índice de aprobación cayó. Una encuesta de Washington Post-ABC mostró que más del 40% de los estadounidenses dijeron desaprobar "fuertemente" su gestión. Otra encuesta de Daily Mail/JL Partners situó su desaprobación general en el 55%, con los aranceles como el punto más criticado, y la inmigración como el mayor logro percibido por sus votantes.
En su narrativa pública, Trump insistió en que cumplió sus promesas de campaña y afirmó que continuará su política de expulsión masiva. "Estamos limpiando el país de criminales extranjeros", sentenció. "Si alguien quiere vivir y trabajar aquí, debe hacerlo legalmente. Si no, debe irse".
CD / Gi
