El Concejo Deliberante de Villa María aprobó por unanimidad la derogación de la ordenanza de emergencia económica que regía desde diciembre de 2023. La medida, que se concreta con ocho meses de antelación respecto del plazo original, fue defendida por el oficialismo como una herramienta útil y correctamente aplicada, aunque la oposición advirtió sobre una demora innecesaria y cuestionó el tratamiento legislativo.
Durante la sesión de este jueves se puso fin a la Ordenanza N.º 8.020 y su modificatoria N.º 8.051, que habían otorgado al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) facultades excepcionales en materia financiera y contractual. Según explicó la concejala Yaslil Oses, presidenta del bloque Hacemos Unidos por Villa María, la emergencia se utilizó únicamente para "la contratación de los espacios verdes en temporada estival y ante la situación del dengue". "Concluyó sin conflictos legales con proveedores y permitió un ahorro para el Estado", aseguró.
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Sin embargo, desde los bloques opositores no dejaron pasar algunos cuestionamientos. El concejal Manuel Sosa, de Uniendo Villa María, lamentó que el oficialismo no haya tratado el proyecto que habían presentado previamente. En la misma línea, Pablo Perret, de Juntos por el Cambio, criticó que el debate se haya dado sobre tablas sin discusión en comisión: "Nunca fue intención del oficialismo debatir y cumplir la palabra".
Perret también recordó que el intendente Eduardo Accastello había declarado públicamente que las condiciones para sostener la emergencia ya no existían a fines de 2023. Felipe Botta, del mismo espacio, fue aún más enfático y calificó el tratamiento como "agarrado de los pelos". "El intendente dice que quiere pasar de la emergencia a la austeridad, pero no lo está demostrando", remató.
En la misma sesión, el cuerpo aprobó también un proyecto que expresa preocupación por el desfinanciamiento del sistema de atención a personas con discapacidad. La concejala Natalia González advirtió que "la brecha entre la inflación y los aranceles establecidos por la Agencia Nacional de Discapacidad está poniendo en riesgo servicios esenciales", y acusó al Gobierno nacional de abordar el tema sin una perspectiva de derechos humanos.
