En medio del avance en el Congreso del proyecto para reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, el juez penal juvenil Rodrigo Morabito se posicionó en contra de la iniciativa, argumentando que representa un "retroceso" en derechos humanos y una falsa solución a la inseguridad.
En diálogo con el programa Última Pregunta en Radio Continental Córdoba, el magistrado especializado en niñez alertó que la medida ignora las raíces de la violencia adolescente: pobreza, exclusión y falta de políticas preventivas.
Morabito, que oficia como juez penal juvenil en Catamarca, destacó que Argentina y Cuba -los únicos países de la región con imputabilidad desde los 16 años- tienen las tasas de homicidio más bajas de Latinoamérica (4.4 y 4.2 por cada 100 mil habitantes, respectivamente).
"El endurecimiento penal no reduce el delito; solo incrementa la vulnerabilidad de los jóvenes", sostuvo, y criticó que el proyecto oficialista desoye recomendaciones internacionales como la Observación General N°24 del Comité de Derechos del Niño, que insta a elevar la edad mínima a 14 años.
Además, indicó que carece de sustento empírico: "En muchas provincias, los delitos graves cometidos por menores de 16 son excepcionales". Según el juez, el proyecto de reforma no garantiza recursos para institutos especializados, pese a prometer separar a adolescentes de adultos encarcelados.
El juez enfatizó que 8 millones de niños argentinos viven en pobreza -3 millones en indigencia-, pero el Estado "invierte en represión y no en protección".
"Nos indigna el robo de una cartera, pero normalizamos que un chico no tenga comida o educación", afirmó. Según Morabito, el sistema actual ya fracasa en la reinserción: "Las cárceles desocializan. Si queremos seguridad duradera, necesitamos escuelas, no más encierro".
Un fallo ejemplar
Como ejemplo de su enfoque, el magistrado citó una reciente resolución donde desestimó judicializar un caso de violencia escolar entre adolescentes, optando por una solución educativa. Incluyó una carta dirigida a los estudiantes, que se leerá el 15 de mayo en su colegio, con un llamado a resolver conflictos "con diálogo, no con golpes".
En el texto, insta a las familias a asumir su rol en la formación ética: "No deleguen en los docentes valores que deben enseñarse en casa".
