Ante el manejo de los tiempos marcados por el pulso electoral, se espera que en los próximos días la jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini, emita su fallo respecto a la apelación por la intervención del PRO Córdoba.
Se trata de una disputa judicial iniciada por el amarillo federal Oscar Agost Carreño contra los designios de Mauricio Macri. La indefinición se extendió demasiado hasta tanto se conociera el resultado de las elecciones porteñas que acapararon la escena nacional.
Con el foco puesto en la resolución de Servini que anuló la intervención del PJ salteño y restituyó a sus autoridades la conducción del partido distrital, en el entorno del diputado Agost Carreño no ocultan sus expectativas de recuperar el poder de la lapicera de la fuerza amarilla con tonada.
De todos modos, hay cautela ante ese escenario que implicaría un revés judicial para Macri. “El diablo puede meter la cola”, advirtió un dirigente cordobés que prefirió tener en manos el fallo de Servini para cantar una victoria. No obstante, luego, puede abrirse el juego a las apelaciones.
La presentación en contra de la intervención nacional que hicieron en su momento ante Servini las autoridades apartadas del PJ salteño es casi un calco (por no decir igual) de la efectuada -con anterioridad- por Agost Carreño.
A los avezados juristas, expertos en roscas internas judicializadas no resultan extraños los movimientos tiempistas de la magistrada. Por el contrario, es toda una señal. Servini dio a conocer su fallo días después de definirse el tablero político con las elecciones legislativas en la provincia del norte del país.
De hecho, el recurso de apelación de los peronistas salteños ante la jueza es posterior al presentado por el diputado Agost Carreño. Propios y extraños sabían que la magistrada con competencia electoral se expediría respecto del caso Córdoba una vez celebrados los comicios porteños.
En su fallo por el cual anuló la intervención del PJ Salta, Servini dijo que “no se advierte (…) la existencia de anormalidades institucionales ni incumplimientos legales que justifiquen una intervención”. Cerca del diputado cordobés miran el caso salteño en modo espejo a la situación del PRO local.
Cabe recordar que, al disponer la intervención del partido en Córdoba, el líder del PRO designó a la dirigente porteña Laura Alonso, que no duró mucho en el cargo. Fue reemplazada por el cordobés Henry Blas Leis, del sector que se mantiene leal a Macri, que tiene entre sus filas a Soher El Sukaria.
La interventora de la Defensoría del Público de la Nación está a un paso de retornar a Córdoba. La dirigente macrista volverá a su banca en el Concejo Deliberante. Su situación depende de una decisión política que “cierre todo” para que su reemplazo sea del mismo palo ante la “reestructuración grande” que se hizo en el organismo, dicen algunos allegados.
La otra variante válida es que se adopte la recomendación de cerrar la Defensoría en sintonía con la motosierra de Milei en el Estado. Sus rivales en la feroz interna del PRO señalan que “está por volver a ser funcionaria libertaria porque se le está empezando a armar lío en su relato macrista”.
