"Es re feo vivir al frente de un basural: el aire está contaminado, respirás olor a perros muertos, gomas quemadas… Hasta la ropa lavada se ensucia de nuevo". Así describió Paula Duarte su vida en la calle Defensa al 800, en Villa El Libertador, donde desde hace 23 años un terreno privado abandonado se convirtió en un vertedero ilegal, uno de los tantos denunciados en Córdoba capital.
La vecina relató en el programa Última Pregunta de Radio Continental Córdoba cómo el basural, donde camiones de empresas, carnicerías y vecinos arrojan de todo, desde escombros hasta restos de verduras y electrodomésticos, devoró la canchita que los vecinos habían improvisado para que los niños no jugaran en la calle. "Ahora juegan entre víboras y agujas, y hay que vigilar que no se crucen con alacranes. A mi sobrina ya la picó uno", contó.
El lugar, a metros del hospital municipal Príncipe de Asturias, acumula además jeringas, pañales y desechos cloacales. "Compramos bidones de agua porque los tanques se contaminan. Cuando queman basura, cerramos todo, pero el humo igual entra", explicó. Pese a las denuncias reiteradas, las limpiezas municipales son esporádicas.
La denuncia política: escombreras sin control
El drama de Paula no es aislado. Un informe de la UCR reveló que en Córdoba hay al menos 30 macrobasurales -especialmente en las zonas este y sur-, muchos activos desde hace años. La concejala Elisa Caffaratti denunció en el Concejo Deliberante la "falta de control escandalosa" en las escombreras municipales.
Basurales ilegales en Córdoba: denuncian más de 30 focos críticos y falta de controles
La edil manifestó que las escombreras San Lucas y Este operan sin fiscalización, con residuos domiciliarios mezclados con escombros, pese a estar prohibido. Además, dijo que el registro de transportistas habilitados no se actualiza desde 2022, y que hay denuncias de camiones que vierten escombros en terrenos clandestinos. También aseguró que algunas cooperativas manejan residuos sin contratos ni controles ambientales.
"Es corrupción ambiental -acusó Caffaratti-. El municipio invierte $268.000 millones en programas ambientales, pero no frena esta bomba de tiempo".
El relevamiento de la UCR detectó basurales en Marqués de Sobremonte, Bajo Yapeyú y La Floresta, algunos a menos de 50 metros de viviendas. Pese a las ordenanzas que exigen gestión de residuos (como las N° 10.102 y 12.648), la descoordinación entre secretarías y la falta de sanciones perpetuán la crisis. La problemática también existía durante los gobiernos radicales.
