El juicio por las muertes y ataques a bebés en el Hospital Materno Neonatal entre marzo y junio del 2022 avanza en la etapa de conclusiones de las partes.
Este martes, la defensora oficial Ana Pagliano, que representa a tres madres y una bebé lesionada solicitó prisión perpetua para la enfermera Brenda Agüero y penas "severas" para los funcionarios del hospital y del Ministerio. Y no sólo eso, pidió que si el tribunal los condena a penas de cumplimiento efectivo sean detenidos apenas finalice el juicio para ser trasladados a la cárcel de Bouwer. Fundamentó la solicitud en que hay riesgo procesal y de entorpecimiento por la cantidad de maniobras detectadas a lo largo de la investigación donde fue manifiesta la actitud encubridora.
En su alegato, aportó una secuencia argumental en respuesta a cada una de las dudas que planteó en el juicio la defensa de Brenda Agüero.
Comenzó explicando, con ejemplos, cómo se construye una certeza a partir de prueba indiciaria, advirtiendo que para que se instale una duda ésta debe ser “razonable”. Y renglón seguido aseguró que "el cuadro probatorio de prueba directa mas el cúmulo de prueba indiciaria coherente nos conducen a la tranquilidad de un estado de certeza más allá de toda duda razonable".
En ese marco rechazó cada una de las dudas que intentó plantear la defensa de Agüero, como el supuesto direccionamiento de la investigación, posibles ensayos con medicamentos, la elección caprichosa de una fiscalía, el ingreso de personas sin control, la reforma del Centro Obstétrico, o la existencia de sesgo de los peritos psicólogos y psiquiatras oficiales que analizaron de la enfermera. Desmenuzó cada aspecto rechazando la razonabilidad de cada aseveración en procura de horadar la convicción de su participación criminal.
Luego también se refirió al perfil psicológico de Agüero señalando que se demostraron sus perturbaciones psicológicas, aunque no configuren una patología o alteración mental.
Sobre los funcionarios desmoronó la defensa invocada: que había directivas de denunciar y todos creyeron que se había dado intervención a la justicia. “Eso se cae por sí solo si vemos que los hechos continuaban, que nadie los citó, que no había allanamientos; sabían que nadie estaba haciendo nada y era tan simple denunciar lo que estaba pasando”, subrayó Pagliano.
La defensora oficial consideró que ahí radica la violencia institucional que persistió como un “mecanismo de engranaje que se irradia” desde arriba hacia abajo.
Sobre Cardozo, Pagliano demostró "fisuras" en su posición defensiva. En su declaración el exministro dijo que el 7 de junio se enteró sólo de cuatro niños descompensados, dos fallecidos y recién el 11 de agosto supo del resto.
Pagliano lo desmintió. Dijo que el ministro fue informado a fines de abril sobre el reemplazo del lote de la Vitamina K. Al pedir el cambió se notificó a Anmat acreditando cuatro situaciones de niños con desmejoras abruptas inexplicables. Y agregó: "¿Ustedes creen que el 7 de junio, el doctor Cardozo sólo supo que había cuatro casos si antes ya tenían las sospechas de hechos inexplicables?"
Del mismo modo se refirió al resto de los funcionarios. Pidió al tribunal mayor severidad al aplicar las penas, con montos superiores a las solicitadas por la Fiscalía. Lo fundamentó en dos argumentos: la extensión del daño causado a las víctimas y el "accionar sistemático" contextualizado en la violencia institucional ejercida.
Nayi pidió condenas de hasta seis años de cárcel
En primer término había expuesto el abogado Carlos Nayi, querellante por parte de los padres de cinco recién nacidos víctimas de la presunta actividad criminal, quien hoy martes concluyó y pidió penas efectivas para todos los acusados.
Para Brenda Agüero a quien considera responsable de los homicidios y tentativas de homicidios, la pena máxima de prisión perpetua.
Al referirse al exministro, Diego Cardozo, Nayi dijo que “mintió” y que fue “un impostor”. En el transcurso del juicio, se incorporó como prueba documentación que acredita que, como médico, trabajó en el Policlínico Policial con el rango de subinspector. Su estado policial le otorga una responsabilidad mayor -a decir del letrado- por no informar a la Justicia su condición.
Nayi también profundizó sobre el pedido al tribunal para que se declare al hospital incurso en violencia institucional por los padecimientos de las madres al concurrir a dar a luz y por la serie de conductas posteriores omisivas y encubridoras de la serie de ataques criminales. Las familias de los niños nunca fueron informadas de que sus hijos fueron parte de un universo de víctimas.
En cuando a los pedidos de condena, Nayi solicitó penas de prisión de cumplimiento efectivo para todos los acusados por encubrimiento, omisión de los deberes de funcionario público o falsedad ideológica, a diferencia de la Fiscalía.
Para Brenda Agüero, prisión perpetua; Diego Cardozo, seis años; Liliana Asís, seis años; Claudia Ringelgheim, cinco años; Pablo Carvajal, seis años; Alicia Ariza, cinco años; Alejandro Escudero Salama, cinco años; Marta Gómez Flores, seis años; María Luján, tres años y seis meses además de multa e inhabilitación; Adriana Moralez, cinco años; Alejandro Gauto, cuatro años.
Todos por sobre lo que había solicitado el fiscal de Cámara, Sergio Ruiz Moreno.
