El lunes pasado culminó un insólito juicio donde los investigadores declararon como testigos en condición de detenidos y los dos acusados que llegaron presos fueron absueltos y salieron en libertad. El debate planteó múltiples aristas interesantes, pero la más notoria quizás sea que la corrupción en las fuerzas de seguridad tiene un altísimo costo.
El juicio se desarrolló en la Cámara del Crimen de Cruz del Eje, integrada en sala unipersonal por el juez Diego Peretti Ávila.
Los acusados absueltos son Darío Juan Hernández y Mauro Osés, quienes habían sido imputados en la instrucción inicial junto a otras nueve personas por integrar una banda de narcomenudeo que actuaba en Capilla del Monte.
El juez Peretti Ávila dictó la falta de mérito a ambos y recuperaron la libertad de inmediato. El defensor de Hernández, Carlos González Quintana, señaló a Perfil Córdoba que “la prueba reunida fue totalmente forzada y deficitaria”.
El detalle es que los investigadores que realizaron los procedimientos son Raúl Eduardo Moreno e Isidro David Rivero, exagentes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). Ambos están detenidos en la cárcel de Bouwer imputados de pertenecer a una asociación ilícita junto a otros de las brigadas de Cruz del Eje, Deán Funes y Cosquín, y a dateros que les brindaban información de kioscos narco a cambio de droga. Los policías antinarcóticos se quedaban con parte de los secuestros de estupefacientes y los istraban para ir pagando a sus informantes –todo fuera de la ley– con el fin de “hacer número” y mostrar efectividad en el combate del narcotráfico.
Esa causa es instruida por el fiscal de Córdoba, Juan Pablo Klinger, quien ya la elevó a juicio. Los hechos habrían ocurrido entre el 2020 y el 2024, cuando se detectó faltante de droga secuestrada y esa punta desató un ovillo de dimensiones impensables, que terminó en la cabeza de la Fiscalía de Narcotráfico de Cruz del Eje. En efecto, el fiscal Raúl Ramírez también está imputado, elevado a juicio junto al secretario Patricio Bazán y el jefe de la Brigada de la FPA de esa localidad, Mauricio Oyola.
Con semejante imputación y sospecha a cuestas, Moreno y Rivero fueron a declarar al juicio en contra de Hernández y Osés. Fueron trasladados en calidad de detenidos. El primero ya confesó su culpa ante el fiscal Klinger y pidió juicio abreviado. Rivero, en cambio, lo negó.
El defensor González Quintana describió su actitud como “desafiante, incómodo, confrontativo”. La declaración testimonial de ambos planteó una discusión jurídica relevante. Como testigos están obligados a decir la verdad, pero como imputados deben resguardarse sus derechos ante el riesgo de autoincriminación. El juez autorizó que, si lo deseaban, en la declaración estuvieran presentes sus defensores. Finalmente, sus letrados no estuvieron ese día en la sala.
Confirmada la existencia de “dateros”
La causa que involucró a Hernández y Osés -defendido por el abogado Pablo Olmos- era por comercialización de marihuana y cocaína en Capilla del Monte. La banda estuvo liderada por Ricardo Reyes e integrada por 11 personas en total. La acusación decía que Mauro Osés y su hermano se proveían de Reyes y luego también vendían al menudeo.
A Hernández lo había señalado el propio Reyes, como alguien que trabajaba para él. Tenía el alias “remisero” y por esa razón en algunas escuchas telefónicas se mencionaba a una persona con ese oficio.
En la audiencia del 5 de mayo, los policías de la FPA Moreno y Rivero fueron trasladados a Cruz del Eje. Testimoniaron escoltados por guardiacárceles. A la pregunta sobre si sabían qué eran los “deltas”, Rivero dijo que no, pero Moreno dijo que eran dateros, civiles que “colaboraban” con la investigación, a pesar de que eran “consumidores y vendedores”.
Surgió el apellido Bracamonte, una persona que habría tenido ese rol en este caso. De hecho, fue testigo.
El debate tornó evidente la deficiente e ilegal actuación de la FPA.
En las próximas semanas, el juez Peretti Ávila publicará los fundamentos de la sentencia donde se podrá vislumbrar con mayor claridad cuánto influyeron las prácticas ilegales de los agentes de la fuerza especializada.
Hay que aclarar que la FPA no es una policía común. Sus son los mejores pagos, están dotados de pertrechos y tecnología sofisticada, se suponen ultra capacitados, por lo que es considerada una fuerza profesional que trabaja en condiciones más categorizadas que el resto.
La política sigue mirando para otro lado, pese a la penetración narco
A la luz de la investigación del fiscal Juan Pablo Klinger, los policías antinarcóticos de Punilla mantuvieron conductas ilegales por años.
El fiscal de narcotráfico de Cruz del Eje, Raúl Ramírez, no lo advirtió o miró para otro lado. Está imputado por no investigar un faltante de drogas. Si lo hubiese hecho, quizás podría haber desentrañado a tiempo el pésimo proceder de los efectivos de la FPA que, según se ve en el juicio que se cronica en esta nota, fue un esfuerzo investigativo inútil.
Sin embargo, Ramírez, quien posibilitó todo con su grave omisión, se mantiene incólume en el cargo de fiscal, actualmente en uso de licencia. A pesar de estar imputado y acusado con requerimiento de elevación a juicio, no tiene abierto sumario istrativo y no hay denuncias contra él en el Jury de Enjuiciamiento, lo que deja interrogantes preocupantes. ¿Quién lo protege? ¿Por qué el Gobierno provincial, que tiene como bandera el combate contra el narcotráfico, ante la mínima sospecha no se desprende de un magistrado salpicado gravemente en una investigación judicial? Este es el trasfondo del juicio que acaba de terminar en Cruz del Eje y que pasó casi desapercibido.
¿Existe una verdadera decisión política de combatir el narco?
Lo peor que le puede pasar a Córdoba es que, de tener sólo corredores de drogas –como el de la Ruta 38– se pase al copamiento territorial de los barrios.
Lo advirtió el cura párroco de barrio Alberdi en la ciudad de Córdoba, Horacio Saravia. Sin tapujos, dijo que los jefes narcos han copado la barriada a su cargo al punto de sostener económicamente a personas vulnerables y sin trabajo. Les pagan el alquiler, la luz o el gas a cambio de vender cocaína y marihuana en sus casas.
Frente a ese panorama nunca habrá medidas suficientes contra la inseguridad y la violencia que potencia el narcotráfico, que ya impregna el tejido social. Se mata por nada, sólo para seguir consumiendo. ¿La política lo ve o mira para otro lado por alguna razón mucho más poderosa?
