Una dicotomía que tal vez se profundice con el tiempo se vive en el seno del juecismo. Mientras Luis Juez busca contar con el apoyo de Javier Milei de cara a su futura candidatura a gobernador en 2027 un debate si se quiere ideológico cruza de manera transversal al partido: la relación con los gremios estatales.
A lo largo del tiempo Luis Juez se ha mostrado de alguna manera vinculado a los gremios estatales, principalmente al Suoem. Sin embargo esta postura está en las antípodas de lo que pregona el presidente Javier Milei, quien llegó al poder con un fuerte discurso enalteciendo la motosierra y el recorte del gasto público, entre ellos y por lejos el más afectado, el sueldo de los empleados públicos.
En ese contexto se encierra el proyecto presentado hoy por el juecismo quien busca subirse y ser parte del conflicto que la Provincia mantiene con los trabajadores Judiciales de Córdoba.
Según el Frente Cívico, la situación en el Poder Judicial cordobés es descrita como "insostenible" y "caótica", atravesada por una crisis que, según los impulsores de la norma, "afecta a todas las estructuras del Estado provincial".
Luis Juez: "El que conduce es el que la gente votó y la gente lo votó a Milei"
Para los juecistas, el eje central del conflicto es el reclamo salarial, aunque la crisis abarca otros aspectos y califica a los sueldos como "paupérrimos", con cifras que, según detallan, para febrero/marzo de 2025, apenas superaban (o incluso no alcanzaban) la línea de indigencia o pobreza según datos de noviembre de 2024. Un empleado ingresante percibía un neto de $850.000 en febrero de 2025, mientras que uno con 5 años de antigüedad alcanzaba apenas $1.100.000.
“El conflicto gremial en el Poder Judicial de Córdoba se fue incrementando en los últimos meses, incluyó tres paros en las últimas semanas y tuvo su epicentro en una multitudinaria asamblea que se realizó este jueves en el histórico Salón de los Pasos Perdidos, en Tribunales I, situación que generó preocupación en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y también en el Gobierno provincial”, indican.
La iniciativa también busca suspender "toda medida de carácter punitivo o restrictivo que limite el ejercicio del derecho a huelga",
Por último el proyecto juecista busca despegar de cualquier reclamo al Gobierno Nacional y lo deja en claro cuando señala que “aunque la ley provincial establece que los aumentos son los que establece la Corte Suprema, los reclamos de los judiciales no son al máximo tribunal ni al Gobierno de Javier Milei, sino al Superior Tribunal cordobés y, en última instancia, al Gobierno provincial”.
