Finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) aprobó la reestructuración de toda la planta de trabajadores del Poder Judicial y el Ministerio Público, mientras se desarrolla una protesta creciente en todas las sedes de los tribunales provinciales.
La ejecución de la medida se anunciará este miércoles, cuando el acuerdo sea firmado por todos los vocales. De 11 categorías quedarán seis, lo que implicará un recorrido más corto para los ascensos en la carrera tribunalicia.
Además, dispuso la recategorización de todos los empleados que serán promovidos en forma automática al cargo inmediato superior. Es un reclamo de años del gremio, la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj). La medida tiene impacto en el salario.
Cuáles son los cálculos
El esquema aprobado por el TSJ alcanza a 5.180 de unos 5.500 empleados que están distribuidos en las seis categorías a las que quedarán reducidas las 11 actuales. Vale la aclaración que la medida es exclusivamente sobre el personal, no sobre los funcionarios -prosecretarios y secretarios- ni magistrados.
El cargo de meritorio será eliminado. Pasarán a ser auxiliares. El incremento automático de la categoría implicará una suba del 15,73% en sus salarios. Son unos 1.000 trabajadores. Quienes no tienen título de abogado pasarán de cobrar $788.056 a $919.879, lo que representa un aumento de 16,7%, según cálculos oficiales a los cuales accedió Perfil Córdoba.
Los cargos más altos verán una suba en sus sueldos de un 5%, aproximadamente. El promedio total calculado refiere un incremento en los haberes del 10,84%.
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Qué pasará con los aumentos de la Corte y del gobierno provincial
Otros porcentajes que también se sumarán son los acordados por la Corte Suprema y por el gobierno provincial.
El TSJ había conseguido un adelanto de 2,6% a cuenta de futuros aumentos autorizados por el gobernador, Martín Llaryora. Anteanoche, hubo comunicaciones intensas y finalmente se sumará al resto, no será absorbido por el incremento que resolvió la Corte Suprema la semana pasada y que también se adicionará en Córdoba.
Desde el año 2016, por un acuerdo homologado en el Ministerio de Trabajo, los aumentos de los salarios de todo el Poder Judicial cordobés están “enganchados” a los de la Justicia Federal. Antes lo habían conseguido los jueces, ese año se sumaron los empleados. En otras épocas resultó conveniente, en la actualidad con un gobierno nacional que prioriza el déficit fiscal el grifo de fondos está prácticamente cerrado. Hay una licuación profunda de los haberes en todo el sector público, incluido el Poder Judicial.
Como la brecha salarial entre los jueces y los empleados es muy significativa, en Córdoba se decidió aplicar primero los aumentos al personal y luego a los magistrados y funcionarios. La diferencia entre los dos universos es que los magistrados sí quedaron equiparados en un 90% con los salarios de sus pares nacionales, no así los empleados.
Desde el TSJ dicen “no hay paritarias”, en clara respuesta a las fuertes medidas de fuerza que afectan desde hace semanas el funcionamiento de los tribunales y, en especial, tiene impacto directo en las Unidades Judiciales, las trincheras donde se reciben todo tipo de denuncias y se ven absolutamente desbordadas.
La contundencia de los paros y asambleas tiene, además, un condimento extra. Hay un grupo de autoconvocados que exigen al gremio medidas más contundentes y pretende aumentos por fuera del enganche. Entre ellos tiene ascendencia la exsecretaria de la Agepj, Irina Santiesteban, ahora jubilada.
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Cuándo se cobrarán los incrementos
Desde el TSJ aseguraron a este medio que habrá una liquidación por planilla complementaria que incluirá todos los aumentos señalados.
En los próximos días cada trabajador percibirá sus haberes como los venía cobrando. Alrededor del 15 de mayo se depositarán los incrementos productos de la nueva categoría a la cual fue ascendido, los retroactivos de la suba otorgada por la Corte Suprema de los meses de febrero, marzo y abril; y también el 2,6% que dio el gobierno provincial y que fue ratificado
Las negociaciones fueron llevadas a cabo por un trípode Federico Corteletti, secretario general del gremio; el presidente del TSJ; Luis Angulo; y el propio gobernador Llaryora que se involucró de lleno y en forma personal en las tratativas.
