Ayer jueves 15, el fiscal de la Cámara de Acusación Jorge Leiva presentó un recurso de casación contra el fallo que sobreseyó a dirigentes gremiales y sociales por haber cortado la intersección de las avenidas Colón y General Paz en abril del 2023.
La discusión sobre los límites del derecho a la protesta frente al derecho de libre tránsito y circulación se reeditan cuando se agudizan los conflictos gremiales y reclamos sociales volcándose a las calles de la ciudad.
El fallo de la Cámara de Acusación se conoció el 23 de abril pasado. Los jueces Maximiliano Davies, Carlos Salazar y Patricia Farías resolvieron el sobreseimiento de los dirigentes Emanuel Berardo, Soledad Cristina Díaz García, Federico Giuliani, Marisa Cariddi, Agustín Nazar y Roxana Alejandra Carezano. Habían participado de un piquetazo nacional, con expresión también en Córdoba.
El expediente había sido elevado a juicio por el delito de impedimento u obstrucción de transporte o servicios públicos, pero esa posibilidad quedó clausurada por la Cámara, al considerar que no habían cometido delito.
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El tribunal analizó las circunstancias de la movilización, la ocupación de la calzada, el tiempo que duró -entre las 12,30 y las 13,15- y los desvíos del transporte público. Consideró que el conjunto de situaciones afectó la circulación en forma “tolerable”.
La sentencia fue celebrada por el arco gremial, pero motivó una reacción de los fiscales porque consideraron que los jueces los desautorizaron y limitaron en su capacidad de acción ante cada protesta callejera, donde se procura que sólo se ocupe media calzada y se afecten al mínimo el resto de actividades. En Córdoba, la Fiscalía General asignó a dos integrantes del Ministerio Público Fiscal la tarea de trabajar en cada marcha o movilización el protocolo ante las manifestaciones. Ellos son Ernesto de Aragón y Guillermo González.
Quedaba la duda respecto a si Leiva respaldaría la actuación del fiscal Ernesto de Aragón quien intervino en aquel episodio de abril del 2023.
Fuentes de tribunales confirmaron a PERFIL CÓRDOBA que Leiva -sobre el filo del vencimiento del plazo- presentó ayer el recurso que cuestionó la postura de la Cámara de Acusación. La última palabra sobre la controversia jurídica con implicancias políticas, gremiales y sociales, quedará en poder del Tribunal Superior de Justicia.
