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CÁMARA BAJA

Se aprobó una mejora del 7,2% para jubilados con quórum cordobés en Diputados

Sorprendió el apoyo de los funcionarios y legisladores provinciales a la decisión de los representantes nacionales. El gobierno de Córdoba comienza a remarcar las diferencias con Milei.

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Tras un debate de varias horas, la Cámara de Diputados dio luz verde este miércoles al proyecto que establece un incremento del 7,2% en las jubilaciones, junto con la elevación del bono previsional a $100 mil. La iniciativa cosechó 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones. Contó con el respaldo de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Encuentro Federal ( los diputados cordobeses) y la Coalición Cívica. La UCR, en tanto, optó por abstenerse.

El proyecto ahora deberá ser tratado en el Senado, aunque desde el Ejecutivo ya anticiparon su rechazo. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue claro: si el Congreso avanza, el presidente Javier Milei tiene previsto vetarlo.

A pesar de la presión del oficialismo y la amenaza de vetar cualquier iniciativa aprobada, la oposición logró este miércoles el quorum necesario para debatir en la Cámara de Diputados una serie de proyectos sensibles: la declaración de emergencia en discapacidad, mejoras para jubilados y la situación crítica del hospital Garrahan. La sesión había fracasado dos semanas atrás, pero esta vez la diferencia estuvo en la participación de legisladores cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora.

El quorum se alcanzó con 131 diputados sentados en sus bancas, dos más de los 129 requeridos. Resultó clave el apoyo del bloque Encuentro Federal, especialmente por la incorporación en esta ocasión de Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres, de Hacemos Unidos por Córdoba, quienes no habían asistido a la sesión anterior. A ellos se sumó, ya con el quorum alcanzado, Ignacio García Aresca, también del mismo espacio, quien ingresó al recinto una vez asegurada la sesión, confirmando su apoyo sin aparecer como uno de los decisivos.

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Este gesto político fue interpretado como una señal clara del gobierno provincial de Córdoba de marcar distancia respecto al rumbo del Ejecutivo nacional. Desde la semana pasada, el presidente de la Cámara, Martín Menem, había salido activamente a deslegitimar la convocatoria, advirtiendo que los proyectos a tratar implicarían un gasto público adicional de más de 12.000 millones de dólares, lo que equivale al 1,8% del PBI. "Se esconden una vez más detrás de causas nobles con el solo fin de intentar romper el equilibrio fiscal que tanto nos costó conseguir", publicó Menem en redes sociales.

El temario debatido contiene tres proyectos clave en materia previsional: uno propone una recomposición del 7,2% para los haberes jubilatorios, otro eleva el bono de $70.000 a $100.000, y el más estructural plantea un nuevo esquema que reemplace la moratoria previsional caída en marzo, con un sistema proporcional basado en los años aportados. En paralelo, se discutieron cuatro proyectos sobre discapacidad; el dictamen de mayoría plantea declarar la emergencia hasta diciembre de 2027, con el objetivo de garantizar derechos esenciales como salud, educación, trabajo y protección social para las personas con discapacidad.

Desde el oficialismo nacional, el intento por bloquear el debate no encontró eco suficiente. Mientras La Libertad Avanza, el PRO y la mayoría del bloque de la UCR se ausentaron, varios radicales se desmarcaron de la línea dura, entre ellos Julio Cobos, Fabio Quetglas, Natalia Sarapura y Mario Barletta. La diputada de izquierda Vilma Ripoll, ausente la vez anterior por estar internada, también estuvo presente en esta oportunidad.

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En el plano político, el respaldo de los legisladores cordobeses fue celebrado con entusiasmo desde el gabinete de Llaryora. La ministra de Desarrollo Social de la Provincia, Liliana Montero, destacó el gesto en redes sociales: "Hoy los diputados cordobeses de @Hacemosuxcba fueron esenciales para debatir la #EmergenciaEnDiscapacidad. Para tratarla, primero había que bajar al recinto y dar quorum. Eso es lo que hicieron nuestros diputados nacionales, mientras otros esperaban indicaciones en sus oficinas".

Montero fue más allá, cruzando directamente al Gobierno nacional: "Apoyar a las personas con discapacidad no puede ser un discurso, debe ser una acción concreta. ¿Viste qué importante es tener diputados y diputadas que defiendan a Córdoba y a su gente? Frente a la crueldad del gobierno nacional, en Córdoba la discapacidad es política de Estado".

La funcionaria también recordó que este año el Fondo para las Personas con Discapacidad y sus organizaciones contará con 3.000 millones de pesos, destacando el contraste con las decisiones del Ejecutivo nacional.

En el mismo tono, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba, Miguel Siciliano, también celebró el accionar del bloque cordobés: "La prioridad de un diputado nacional por Córdoba siempre debe ser Córdoba y nunca sus intereses mezquinos y personales de integrar una lista", escribió en redes sociales, en clara referencia al radical Rodrigo de Loredo.

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Por su parte, el diputado Nicolás Massot, de Encuentro Federal, envió un mensaje directo al presidente Javier Milei, advirtiéndole que los proyectos previsionales no solo son justos, sino también viables: "No se trata de un tema de cartel. Primero se trata de que el Gobierno entienda que esto es financiable y es justo. Y si no lo entiende por la vía del diálogo, que lo entienda por los caminos institucionales. No todo es vetable".

La sesión de este miércoles no solo permitió avanzar con proyectos de fuerte sensibilidad social, sino que también dejó en evidencia una reconfiguración del tablero político, donde los gestos provinciales –como el de Córdoba– empiezan a trazar una frontera cada vez más clara con la Casa Rosada.