El fiscal de Violencia de Género y Familiar del 6° Turno, Pablo Cuenca Tagle, fue confirmado por la Cámara de Acusación al frente de la investigación que procura determinar la responsabilidad de un joven de 18 años que habría trucado con Inteligencia Artificial (IA) fotos reales de sus compañeras de escuela para subirlas a un sitio web pornográfico.
El expediente va camino a configurarse en un leading case por la discusión jurídica que presenta. El joven está imputado por el delito de lesiones graves calificadas por violencia de género. Son graves porque requieren tratamientos psicológicos para las víctimas por largo tiempo. El jueves de la semana pasada fue indagado por el fiscal.
Las primeras denuncias fueron presentadas por dos adolescentes patrocinadas por el abogado José D´Antona: se trata de los hechos más avanzados en la pesquisa. Por unos meses, la misma quedó paralizada porque el abogado defensor del adolescente, Claudio Orosz, recusó a Cuenca Tagle por considerar que había adelantado opinión sobre la causa al realizar declaraciones periodísticas, señalando que la conducta del joven no era un chiste sino un delito. La jueza de Control Celeste Orta Córdoba coincidió con la posición defensiva, pero la Cámara de Acusación realizó un análisis diferente y llegó a la conclusión de que no existió un adelanto de opinión y confirmó al fiscal que, ahora avanza en la investigación.
Caso novedoso. Hasta el momento hay 16 denuncias de presuntas víctimas, algunas menores de edad, presentadas en la Unidad Judicial de Violencia de Género en el Polo de la Mujer y otras en sedes del Gran Córdoba. Todas se acumularon y se tramitan en la fiscalía de Cuenca Tagle.
El caso es novedoso no sólo en Córdoba sino a nivel nacional. ¿Qué responsabilidad tiene una persona en usar imagen y datos de otra y publicarlas sin su consentimiento? ¿Cuán grave es que se adulteren fotos reales con IA para otorgarles un contenido diferente, en este caso erótico? ¿Cómo impacta en las víctimas cuando la difusión de las imágenes trucadas se realiza en sitios pornográficos, exponiéndolas ante consumos sexuales que ellas no buscaron?
El encuadre legal que se dio hasta el momento a la conducta del joven imputado apunta a medir el daño en la salud mental y emocional de las presuntas víctimas.
Además, hay otros ribetes que lo hacen destacable. Por caso, el acusado no utilizó imágenes de personas desconocidas, sino de sus propias compañeras de escuela, algunas de las cuales cursaban el penúltimo año del secundario y otras el último. Entre las denunciantes hay adolescentes que compartían el aula con él, tenían un trato diario en las clases y el estudio. Quizás esa cercanía potenció el impacto.
El caso tomó notoriedad en julio del año pasado y las autoridades de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano de la UNC, donde cursaban las víctimas y el presunto victimario, tomaron medidas de inmediato. Según trascendió en aquel momento, el joven imputado relató a un grupo de amigos lo que había hecho y éstos advirtieron a los directivos, mientras sus compañeras y amigas comenzaban a recibir alertas de que perfiles con su nombre y rostro aparecían en un sitio para adultos.
Fue un cimbronazo al interior de la comunidad educativa, incluso para los varones que compartían su amistad con el adolescente. Se apartó de inmediato al joven de la escuela para evitar el o con las víctimas y no pudo terminar sus estudios en ese establecimiento, donde cursaba el último año.
La primera denuncia formal ante la Fiscalía se presentó el 8 de agosto del año pasado. En ese momento, el fiscal dispuso allanamientos en las viviendas de los padres del joven, se secuestraron dispositivos electrónicos que fueron abiertos y analizados, ya que allí está contenida gran parte de la prueba.
Luego de la pericia psicológica a la primera víctima y la que se realizó también al joven, el fiscal decidió agravar la imputación a lesiones graves calificadas por violencia de género. A fines de octubre, el abogado Orosz recusó al fiscal, el Juzgado de Control hizo lugar al planteo y ante la apelación que presentó Cuenca Tagle, la Cámara de Acusación lo confirmó a fines de marzo de este año. Desde ese momento, la investigación se reactivó.
Los fiscales son funcionarios públicos y tienen el deber de informar a la prensa
La recusación de la defensa del joven imputado al fiscal Pablo Cuenca Tagle por “adelantar opinión” en declaraciones periodísticas, motivó un fallo trascendente de la Cámara de Acusación que aborda el vínculo entre la prensa y los magistrados judiciales.
Por mayoría, con el voto argumental de la vocal Patricia Farías al que adhirió Maximiliano Davies, el tribunal rechazó el planteo defensivo y confirmó al frente de la investigación al fiscal.
Cuenca Tagle había afirmado en octubre del año pasado, después de imputar al adolescente: “Esto no fue un chiste o una travesura de un pibe. Esto no es broma, no es bullying; esto es un delito con consecuencias severas para las víctimas (...); la Fiscalía pretende que eventualmente en un juicio se establezca la responsabilidad penal y se imponga, si corresponde, una sanción ejemplificadora”.
La jueza Farías analizó “la tensión natural que marca las relaciones entre la prensa y el Poder Judicial”. Profundizó el caso y concluyó que el fiscal no había adelantado opinión.
Citó pronunciamientos de organismos internacionales sobre la ética de los magistrados en su relación con los medios de comunicación. También, la guía de buenas prácticas sobre el tema de la Corte Suprema de la Nación que advierte: “Debe tenerse presente, a este respecto, que todo comunica, hasta la decisión de no comunicar y que los espacios informativos que no se cubren serán ocupados por otros actores, con el riesgo de emisión de datos parciales o distorsionados”.
Farías sumó disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de Córdoba que señala que los actos de los fiscales “son públicos”, salvo en aquellos casos expresamente reservados.
“El MPF procurará satisfacer el derecho a la información de la comunidad sin afectar la eficacia de su actuación y tutelando simultáneamente el derecho a la intimidad, el respeto hacia las personas y el estado de inocencia que asiste a la persona imputada”, subrayó la magistrada.
En la misma línea de razonamiento sostuvo que corresponde adoptar el criterio de las buenas prácticas: “La información de causas en trámite o concluidas será ampliamente difundida cuando haya un interés público comprometido o cuando se estime que darla a conocer contribuye a una adecuada percepción social sobre la función del Poder Judicial y al fortalecimiento de la democracia”.
El pronunciamiento de la Cámara de Acusación es esclarecedor, en un ámbito judicial donde muchos fiscales y jueces justifican su silencio con argumentos formales, sólo para no dar cuenta a la sociedad de sus decisiones. Con su actitud sólo contribuyen a la desinformación o la información de escasa calidad, causando un impacto negativo en la ciudadanía a la que –en teoría– prestan un servicio.
