Hay una verdad de perogrullo: las subas salariales en todos los sectores se plancharon a raíz del fuerte ajuste del déficit fiscal del Gobierno nacional. El caudal de fondos que se solía habilitar a la Corte Suprema menguaron y, en consecuencia, también los incrementos que el máximo tribunal otorga a sus jueces y empleados. Además, por más que disminuyó el ritmo de crecimiento inflacionario, las subas en los sueldos no lo acompañaron en la misma medida.
En síntesis, hay una licuación del poder adquisitivo.
Esa lectura política está presente en el análisis de la situación que hace la máxima autoridad del Poder Judicial de Córdoba. El impacto no es exclusivo en los tribunales, afecta a todos los sectores.
Agregan otro argumento. El gobierno provincial está cumpliendo la ley. Efectivamente, desde que los sueldos judiciales quedaron enganchados a las subas que dispone la Corte, se vienen ejecutando a rajatablas su aplicación. Los empleados la discuten. Hay una deuda histórica, la equiparación.
“No hay paritarias” afirman una y otra vez en el TSJ cordobés. Mencionan un “enorme esfuerzo” que se consiguió para recategorizar, pero no hay más dinero para equiparar los sueldos de los judiciales provinciales con el de sus pares federales. La reestructuración implica $586.830.776 extras por mes que el Ejecutivo se comprometió a asignar para cubrir la masa salarial actualizada.
Perfil Córdoba insistió una y otra vez en la siguiente pregunta. Si no se pueden equiparar ahora, ¿hay posibilidad de un plan progresivo que permita, en un mediano plazo, llegar a ese objetivo? La respuesta fue: “no”.
Lo peor es que al no existir una paritaria ni siquiera hay mesa de negociación que pueda abarcar otras vías de recomposición salarial.
Las expectativas del TSJ en lo inmediato son dos. Amortiguar el efecto de las protestas, asambleas y paros, con advertencias de medidas disciplinarias. Por la reacción gremial, no parece algo factible.
Y la segunda es que, cuando cobren los montos liquidados en planillas complementarias, alrededor del 15 de mayo, los empleados sientan un aumento en sus bolsillos. Entonces percibirán la diferencia salarial según el nuevo escalafón: el 2% de incremento dispuesto por la Corte retroactivo al 1 de febrero, es decir por ese mes, marzo y abril, y el 2,6% que otorga el gobierno provincial.
En síntesis, según autoridades del TSJ ese combo no lo consiguió otro gremio y está por sobre la inflación. El gremio responde con otro argumento: desde la devaluación de diciembre de 2023, el poder adquisitivo cayó 40%.
Crece el conflicto gremial en tribunales, hay recategorización, pero resulta insuficiente
Las Unidades Judiciales sienten de lleno el impacto
Las Unidades Judiciales (UJ) en el esquema penal son las trincheras donde se produce el primer o entre la Justicia y el delito o el conflicto. Según el fiscal general, Juan Manuel Delgado, las protestas gremiales “las han diezmado”. “Están destruidas, con turnos de contingencia”, señaló a Perfil Córdoba.
A tal punto es así que en paros anteriores, los fiscales de Cámara y de Instrucción debieron concurrir para hacerse cargo del trabajo en las UJ.
Allí el personal trabaja en sedes ubicadas en los barrios, fuera de tribunales, algunas son zonas inseguras y en muchos casos con turnos rotativos, abarcando feriados y fines de semana.
En otro momento, ingresar al Poder Judicial garantizaba un salario alto. Las cosas han cambiado. En los últimos seis meses, entre el 10% y 12% del personal de las UJ renunció. Delgado aclara que hay movilidad. Así como algunos se van, otros ingresan. Sin embargo, desde el gremio señalan que en muchos casos cuando el aspirante a trabajar en la justicia es informado sobre el horario y lugar asignado para la tarea, desiste. El sueldo dejó de ser un incentivo.
