En toda sociedad con régimen democrático los actos electorales definen ganadores y perdedores. Y esa sociedad avanza más cuando se aplica una vieja consigna que aconseja: “El que gana gobierna y el que pierde acompaña”. Es lo que pasa en otros países, como por ejemplo Chile, que habiendo triunfado un candidato de “izquierda” su gobierno se vio beneficiado, en temas esenciales para la estabilidad y el desarrollo económico, por el acompañamiento de fuerzas que poco tiempo atrás habían apoyado al régimen de Pinochet.
En el nuestro, en cambio, con demasiada frecuencia ocurre que tanto perdedores como mayorías circunstanciales conciben la política (y el arte de gobernar) como una contienda que pretende destruir al adversario circunstancial. Destrucciones que a veces tomaron una violencia que puso en jaque el sistema democrático de gobierno, como ocurrió con los “golpes de Estado” protagonizados por las Fuerzas Armadas, y con las acciones de organizaciones guerrilleras como el ERP o Montoneros.
Pero desde la recuperación de la democracia no hemos tenido levantamientos armados, aunque sí “campañas de desprestigio” que afectan a gobiernos elegidos libremente; llevadas a cabo por fuerzas políticas derrotadas en esos comicios, oponiéndose incluso a medidas que podrían ser eficaces para superar trabas al desarrollo económico y al bienestar del conjunto de la sociedad; críticas que a veces buscan ser acompañadas por otros actores sociales, como son corporaciones empresariales u organizaciones sindicales.
Sin embargo, otra particularidad de nuestra política nacional es que esas campañas para degastar a fuerzas políticas de signo contrario han sido llevadas a cabo también desde el gobierno que se encontraba ejerciendo el poder. El caso paradigmático ha sido el kirchnerismo, cuya campaña de desprestigio, diseñada y aplicada por Néstor, y perfeccionada por Cristina, se hizo con el objetivo de permanecer en el poder y utilizarlo para una estrategia de fuerte enriquecimiento derivado de ilícitos poco frecuentes. Poder que conservó con la colaboración de otros actores económicos y sociales, como fueron los capitalistas amigos, que gozaron de los favores del Estado, así como la de dirigentes sindicales burocratizados con un manejo espurio de la CGT, y por una masa de “lumpemproletariado” constituido por trabajadores ocasionales, nuevos empleados públicos con tareas innecesarias, y una masa de “beneficiarios” de la ayuda social. Todo lo cual ha derivado en un capitalismo de amigos que tuvo como resultado inevitable el estancamiento económico y la pobreza.
Pero mientras el Poder Ejecutivo y el Legislativo eran manejados por el kirchnerismo de la manera señalada (poco democrática, tanto por las formas como por contradecir los intereses del “pueblo” que lo había elegido) subsistió el funcionamiento adecuado del Poder Judicial, en particular en la Corte Suprema de la Nación. Este refugio republicano es el que ha permitido que finalmente “se haga justicia” al condenar a la expresidenta de la Nación por los delitos cometidos mientras ejercía el poder de la Nación.
*Sociólogo.
