El periodista Ezequiel Orlando encendió la alarma: cuatro de cada cien autos circulan en la Argentina sin chapa patente y en su lugar utilizan algún documento provisorio. La situación constituye un problema tanto para la seguridad vial como para el combate al delito y deriva de la decisión del Gobierno Nacional de dar por finalizado el contrato que el Estado tenía con la Casa de la Moneda, histórico proveedor de matrículas metálicas. El servicio fue tercerizado hacia una empresa multinacional alemana, según informó el periodista en el programa "Desde el canil".
Orlando contextualizó la decisión en la política de reducción del gasto público impulsada por el titular del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
“La impresión de chapas patente estaba a cargo de la Casa de la Moneda, un organismo estatal con capacidad técnica y control de calidad. La motosierra también pasó por ahí”, explicó el periodista. La privatización del servicio no solo podría encarecer el a las patentes sino también generar demoras en la entrega y ocasionar problemas de trazabilidad.
La matrícula es el principal elemento de identificación de un vehículo, y su ausencia dificulta no solo el control de tránsito sino también las investigaciones judiciales ante delitos como robos, secuestros o accidentes. En ese sentido, distintas organizaciones de seguridad vial y expertos en políticas públicas advirtieron sobre los riesgos que implica desmantelar mecanismos que garantizan el registro y el seguimiento del parque automotor.
La motosierra de Milei y la reconstrucción del Estado
La medida se suma a otros recortes sensibles como las auditorías en pensiones por discapacidad, que también fueron impactadas por el achicamiento del Estado. Según Orlando, estos cambios “no responden a una política de eficiencia sino a una decisión ideológica de vaciar al Estado de sus funciones esenciales”.
Mientras tanto, desde el oficialismo se defienden las privatizaciones como parte de un proceso de "liberación de cargas burocráticas" y se insiste en que el sector privado puede brindar los mismos servicios "de manera más eficiente". Sin embargo, las dudas crecen entre especialistas y sectores afectados, quienes advierten que el Estado no puede retirarse de áreas estratégicas sin generar consecuencias directas sobre la vida cotidiana de los ciudadanos.
BR / FPT
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