Personas con discapacidad, familiares, prestadores de servicios y organizaciones de la sociedad civil, del colectivo Ni una Menos, trabajadores del hospital Garrahan, del Conicet y movimientos de jubilados y pensionados se congregaron desde las 11 de la mañana de este miércoles en la Plaza del Congreso de la Nación para exigir la sanción urgente de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la mejora en las condiciones de vida de los adultos mayores y el respeto a los derechos adquiridos por las mujeres.
La movilización, que se replicó en diversas ciudades del país, quería visibilizar la crisis que atraviesan los diversos sectores, que sufrieron recortes y ajustes. En este sentido, buscaron presionar a los legisladores para que aprueben las mejoras, las cuales fueron debatidas este en la Cámara de Diputados. La marcha estuvo rodeada de un gran operativo de seguridad y algunas de las calles aledañas al Palacio Legislativo están cortadas.
17:27 | "Vamos a ir a medidas nacionales": la respuesta de ATE
En medio de una movilización que por ahora se mantiene sin incidentes, representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado señalaron que el jueves 5 habrá medidas en todo el país: "Vamos a hacer una medida nacional en todos los hospitales. Va a consistir en paro en aquellos que estén en condiciones de paro o asambleas. Se tiene que empezar a discutir en el sector de salud que no se puede seguir así, porque se nos mueren los pacientes. No hay con que atender, tratar, no hay vacunas... O nosotros intervenimos rápidamente o vamos a terminar siendo un sistema de enfermedad en vez de sistema de salud", expresó uno de los manifestantes
En esta misma línea, continuó: "El gobierno convocó a una audiencia y no vino nadie a escuchar. Vinieron 3 de cuarta que no tienen capacidad de resolver. Vienen a preguntar qué pasa y nada más. Gente que trabaja en el hospital que sólo tiene que preguntarle a los compañeros qué está pasando en su lugar de trabajo. Sólo hay que abrir la puerta y te enterás, o mirar la tele. Para nosotros la conciliación en estos términos se cae.
17:18 | Autoridades del Garrahan advierten que "no hay vuelta atrás"
En diálogo con TN, la secretaría de la Asociación Civil y Gremial de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan, Norma Lezana, "están siendo amenazados los residentes con ser despedidos. Está todo mal. Lo que están provocando es que la lucha pase a tener carácter nacional. El mínimo debería estar en $1.800.000, que es donde se ubica la canasta familiar.".
Visiblemente angustiada, Lezana agregó que tiene que existir una ley de financiamiento que blinde al Hospital Garrahan, incluídos los salarios de los trabajadores: "Hemos interpelado a todo el arco político. Está en riesgo nuestro hospital, y eso causa mucho dolor"; manifestó. A su vez, ratificó que las medidas de fuerza de mantendrán activas. "No podemos dejar que el gobierno destruya esto. No hay vuelta atrás".
El sector de discapacidad en Argentina enfrenta una situación crítica, agravada por años de desfinanciamiento y los recientes ajustes económicos impulsados por el gobierno de Javier Milei. Según las organizaciones convocantes, los recortes llevaron a la cancelación masiva de prestaciones, el cierre de centros de día y hogares, y la falta de actualización de aranceles para prestadores como transportistas y acompañantes terapéuticos.
“Por cada prestación que no se paga, hay un derecho que se vulnera”, expresó este miércoles Juan Pérez Brancatto, presidente de la Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad de la Provincia de Buenos Aires, durante la protesta.
Elizabeth Karina Foschi, presidenta de la Cámara Argentina de Servicios de Apoyo a la Inclusión Educativa (CASAIE), señaló que los profesionales de apoyo cobran apenas 307.000 pesos por jornadas de cuatro o cinco horas diarias, cinco días a la semana, un monto que no se actualiza desde diciembre de 2024. Esto, sumado a una inflación acumulada del 11,6% en el primer cuatrimestre de 2025, puso al sistema de prestaciones al borde del colapso.
El desempleo alcanza al 86% de las personas con discapacidad
Pensiones y auditorías: un sistema bajo presión
Uno de los puntos más controvertidos es la situación de las pensiones no contributivas por discapacidad, que equivalen al 70% de la jubilación mínima, insuficiente para cubrir necesidades básicas. La auditoría iniciada hace 15 meses por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) generó indignación: de 500.000 solicitudes, solo se otorgaron 586 altas, y los procesos burocráticos fueron calificados como “maltrato” por organizaciones como la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).
Además, la Resolución 187/2025 de ANDIS introdujo criterios de evaluación obsoletos y utilización de términos ofensivos, como “idiota” o “débil mental”, que fueron ampliamente criticados por violar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El diputado Daniel Arroyo, uno de los impulsores del proyecto, denunció que “el gobierno volvió al concepto de pensión por invalidez laboral, propio de los años 40, ignorando que una persona con discapacidad puede trabajar”. Las notificaciones de auditoría, enviadas a direcciones desactualizadas, se convirtieron en bajas automáticas de pensiones, y dejaron a miles en situación de vulnerabilidad.
La oposición buscará este miércoles aprobar la ley de Emergencia en Discapacidad
La Ley de Emergencia: una esperanza para el sector
El proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad, que cuenta con el respaldo de bloques como Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda, busca declarar la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027.
Entre sus puntos clave, propone actualizar los aranceles del Nomenclador Nacional, aumentar las asignaciones para talleres protegidos (actualmente en 28.000 pesos mensuales), garantizar el a salud, educación y trabajo, y mejorar la transparencia en la gestión de ANDIS. También incluye incentivos para empresas que contraten a personas con discapacidad, en cumplimiento del cupo laboral del 4%.
El impacto fiscal del proyecto, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, oscila entre el 0,22% y 0,42% del PBI, un costo que el Gobierno nacional considera incompatible con su meta de “déficit cero”.
Desde ANDIS, se rechazó la iniciativa, calificándola como “regresiva” y “asistencialista”, y bajo el argumento de que va en contra de los estándares internacionales de inclusión. Sin embargo, las organizaciones convocantes insisten en que la ley no busca asistencia pasiva, sino garantizar derechos fundamentales establecidos en la Ley 24.901 y la Convención Internacional.
Voces desde la plaza
La movilización, que comenzó en la esquina de Rivadavia e Yrigoyen, creció hasta cortar la calle Entre Ríos frente al Congreso. Organizaciones como TEActiva destacaron que 1 de cada 31 niños en Argentina tiene un diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA), lo que implica que millones de personas, entre familiares y profesionales, están afectadas.
Los manifestantes hicieron un llamado explícito a mantener la protesta apartidaria, y pidieron a las organizaciones políticas no exhibir banderas para preservar el carácter social del reclamo.
La jornada, que se extendió a provincias como Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Neuquén, también cuenta con el apoyo de gremios como la CGT y la CTA.
Mientras la plaza se llena de consignas como “No al ajuste en discapacidad”, dentro del Congreso se lleva adelante un debate clave. La oposición confía en alcanzar los votos necesarios para aprobar la ley, pero el gobierno ya adelantó que, de ser sancionada, podría vetarla, al igual que otras iniciativas como el aumento a jubilados.
NG/TC
